Rosa Martínez. Pamplona / Iruñea – Periódico Diagonal
El fin del juicio contra directivos de la empresa responsable de 25.000 muertes tras la catástrofe de Bhopal en 1984 indigna a la sociedad india.
Han pasado más de 25 años desde el mayor desastre industrial de la historia, pero sigue sin llegar la justicia para las decenas de miles víctimas que aún hoy arrastran las secuelas de aquella tragedia. Porque llamar justicia a una sentencia que, tanto tiempo después, condena a ocho empleados de la filial india, por mera negligencia, a una pena de cárcel que no cumplirán y a una multa de 100.000 rupias (1.774 euros), cuando las compensaciones económicas que han recibido los afectados no son suficientes para cubrir los tratamientos médicos, ha sido interpretado por las asociaciones de afectados más bien como una burla.
El 3 de diciembre de 1984, una fuga de isocianato de metilo de una fábrica de pesticidas de la Union Carbide acabó con la vida de varios miles de personas. Según el Gobierno indio, más de 3.500 personas murieron en los tres primeros días y hasta 15.000 en los años siguientes. Fuentes más rigurosas dan cifras en torno a los 25.000 fallecidos –8.000 sólo en los primeros días– por una catástrofe que afectó a medio millón de personas y cuyas consecuencias aún sufren más de 100.000 en forma de graves problemas de salud como el cáncer o la ceguera.
La sentencia, que se conoció el 7 de junio, no contempla responsabilidad alguna para los directivos estadounidenses de Union Carbide, ni hace referencia al presidente de ésta, Warren Anderson, cuya extradición solicitó inútilmente el Gobierno indio a Estados Unidos en 2003. Tampoco exige a Dow Chemical, la actual propietaria de Union Carbide, que asuma la limpieza de los terrenos de la antigua fábrica, contaminados aún por productos tóxicos y metales pesados. Una buena parte de la población de Bhopal aún bebe agua envenenada.
El fallo emitido por el tribunal indio ha provocado las protestas y decepción de las víctimas, que lo consideran “demasiado poco y demasiado tarde” como para compensar mínimamente el sufrimiento causado y prevenir futuros accidentes similares. Demuestra también, una vez más, la doble vara de medir y lo barato y banal que resulta a las multinacionales arriesgar vidas humanas fuera de sus fronteras.
Porque la tragedia de Bhopal no fue una negligencia, un despiste, un fallo, sino una sucesión de decisiones equivocadas en algunos casos y criminales en la mayoría de ellos. Informes confidenciales conocidos después del desastre revelan que la tecnología con que se dotó a la fábrica no estaba suficientemente probada y que los estándares de seguridad eran muy inferiores a los de otras plantas similares que la multinacional poseía en Estados Unidos.
El proceso de elaboración del pesticida Sevin implicaba el paso intermedio por un compuesto químico extremadamente tóxico y delicado, el isocianato de metilo (MIC), que reacciona al entrar en contacto con el agua. Es un producto tan volátil que a menos que se mantenga en condiciones extremas de limpieza y a baja temperatura puede reaccionar incluso de forma espontánea. El único modo de minimizar los riesgos en los procesos que exigen su manipulación es producirlo según las necesidades y transformarlo inmediatamente en otro compuesto. El límite de almacenaje de MIC permitido en Europa es de media tonelada. Sin embargo, el 2 de diciembre de 1984, en la fábrica de Bhopal había más de 60 toneladas en tres depósitos semiabandonados.
Existían informes de ingenieros de la propia multinacional advirtiendo de los riesgos, pero fueron ignorados por la dirección. En 1982, después de la muerte de un trabajador, el periodista Rajkumar Keswani ya escribía sobre el peligro que se cernía sobre la ciudad. El mismo proyecto de levantar en el centro de la India una planta para la elaboración de al menos 5.000 toneladas del pesticida Sevin era algo absolutamente desproporcionado, que revelaba el desconocimiento de la realidad agrícola del país. De hecho, la fábrica entró en pérdidas poco después de su inauguración en 1980 y con ellas vinieron los recortes de gastos. Se redujeron los sueldos, la plantilla, la formación y, por supuesto, los gastos de mantenimiento y seguridad. Se interrumpió incluso la refrigeración de los depósitos en los que se almacenaba el isocianato de metilo y se apagó la llama de la torre que permitía la combustión de las posibles fugas de gases.
Cúmulo de negligencias
La noche del desastre, la fábrica ya había cesado completamente su actividad y sólo se mantenían algunas tareas de mantenimiento. Fueron éstas las que, al parecer, propiciaron que, a causa de una válvula defectuosa, entrase agua en uno de los depósitos del isocianato de metilo, provocando su reacción. Por supuesto la fábrica no contaba con un plan de evacuación ni con un protocolo de actuación ante un escape.
Los técnicos de Union Carbide se negaron a proporcionar información sobre la composición de la nube tóxica, ni sobre los posibles antídotos o tratamientos para los afectados. Aún hoy no se conoce exactamente qué respiraron los bhopalíes aquella noche. Pero la población de Bhopal no ha sido víctima únicamente de la catástrofe y de la actuación de Union Carbide. También ha padecido la actitud de los sucesivos Gobiernos indios, temerosos de enojar a las poderosas corporaciones y arriesgar futuras inversiones. Nunca han exigido firmemente a Dow Chemical la descontaminación de los terrenos de la fábrica, ni del agua que consume la población de la zona. En 1989 aceptó una indemnización de Union Carbide de 470 millones de dólares –que muchas víctimas dicen no haber recibido jamás– a cambio de renunciar a futuras exigencias de responsabilidad civil o penal. A finales de los ‘90, Dow Chemical aceptó pagar más de 3.000 millones de dólares por haber implantado prótesis mamarias defectuosas a miles de mujeres estadounidenses. La comparación ahorra comentarios.
El conflicto había comenzado mucho antes. La oposición a la gestión de Unión Fenosa y la lucha por la nacionalización del sector eléctrico, iniciada con su privatización en 1999, había alcanzado a finales de 2009 la dimensión de un conflicto abierto. Ya en noviembre de 2004, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca había determinado que Unión Fenosa, a través de su filial DEOCSA, estaba realizando cobros indebidos mediante un impuesto ilegal, y que debía devolver cerca de 200 millones de euros a los usuarios. Algo que nunca hizo.
