27 de julio de 2015

Las organizaciones e individuos firmantes —gran parte de ellos participantes en la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad— saludamos a las y los participantes en el recorrido de visibilización de las afectaciones del gasoducto y expresamos nuestra más amplia solidaridad con las comunidades de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos que luchan hoy en México contra el poder corporativo (representado por las empresas españolas Elecnor y Enagás, así como por la italiana Bonatti) amparado por un Estado que ataca y criminaliza a sus habitantes —especialmente a los de los pueblos indígenas y originarios—, para imponer megaproyectos de negocios trasnacionales y el despojo de tierras a pesar del enorme riesgo que implican para la seguridad, la salud, el modo de vida y el medio ambiente de la población.

En México, después de la contrarreforma constitucional que hace entrega irrestricta del control sobre el patrimonio energético del país a empresas trasnacionales, el Estado mexicano ha intensificado las agresiones contra las comunidades, principalmente indígenas, para imponer proyectos de muerte, como bien los denominan las comunidades afectadas. Sólo en fechas recientes, el gobierno mexicano ha promovido la represión de la defensa comunitaria de los territorios en lugares como San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México (comunidad hñahñú despojada de sus bosques para permitir la construcción de una carretera que beneficiará a la trasnacional OHL), Santa María Ostula, Michoacán (donde la comunidad indígena nahua lucha contra el despojo de proyectos turísticos y mineros trasnacionales y la ocupación del crimen organizado y donde la semana pasada fueron asesinados dos menores de edad, presuntamente por elementos del ejército mexicano), así como en las comunidades de San Vicente Xiloxochitla, San Jorge Tezoquipan, La Trinidad Tenexyecac y San Damián Texoloc, en el estado de Tlaxcala, en las que la maquinaria y el personal de Enagás, Elecnor y Bonatti han ingresado ilegalmente, acompañados por las policías federal, estatal y municipales, para intimidar a la población y forzarla a ceder sus tierras en “servidumbre” para la instalación del gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos, que forma parte del denominado Proyecto Integral Morelos, el cual implica la instalación de dos plantas termoeléctricas, varios parques industriales, un relleno sanitario regional y un proceso de urbanización salvaje en la región oriental del estado de Morelos.

El gasoducto, que sólo en su primera etapa recorrería más de 150 kilómetros y por el que el gobierno mexicano pagará más de 170 millones de dólares a las empresas españolas e italiana, transportaría más de 300 millones de pies cúbicos de gas importado de Estados Unidos, aunque sólo generaría 30 empleos permanentes. En contraposición, las comunidades de los estados mexicanos de Tlaxcala, Puebla y Morelos estarían expuestas a riesgos innecesarios de fugas y explosiones, como la que destruyó decenas de casas y ocasionó la muerte de al menos 29 personas en la ciudad de San Martín Texmelucan, Puebla, en diciembre de 2010, debido a la negligencia en el mantenimiento de los ductos y a su ordeña permanente por el crimen organizado, tolerada e incluso auspiciada por la corrupción de las autoridades mexicanas.

Sabemos que, a pesar de que instancias técnicas y académicas especializadas como el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED), el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (CUPREDER-BUAP) y el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, han expresado su oposición a la construcción del gasoducto por atravesar zonas de riesgo eruptivo del volcán Popocatépetl, así como zonas habitadas y zonas de riesgo de explosiones por el tipo de actividad que realizan las comunidades, las autoridades mexicanas —violentando los derechos fundamentales de las comunidades, el principio precautorio y el derecho internacional de los derechos humanos y de los pueblos indígenas— actúan como fiadores de la impunidad de empresas como Bonatti, Elecnor y Enagás.

Tan sólo en el caso de Enagás, podemos ver como la internacionalización de la empresa española está vinculada a su participación en proyectos controvertidos. Entre ellos destaca el Corredor de Gas del Sur, un proyecto faraónico que pretende llevar gas desde la República de Azerbaiyán hasta el Sur de Italia, cruzando a su paso Georgia, Turquía, Grecia y Albania, con un trazado de más de 3.500 km y un coste de más de 45.000 millones de dólares, financiado parcialmente por dinero público a través del Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. El megagasoducto soldará las economías de la Unión Europea con la de la Azerbaiyán, alimentando con el intercambio € por gas el gobierno corrupto y represor de la familia Aliyev que conduce el país desde 1991 y que encarcela sistemáticamente a cualquier crítico del régimen. Además, en la parte italiana del Corredor, las comunidades de la región del sur de la Puglia, se oponen al proyecto por su elevado impacto ambiental y su incompatibilidad con la realidad económica del territorio.

Enagás, como empresa monopolística del transporte y almacenamiento de gas en España, se ha erigido como gestora del cobro del fracasado proyecto Castor, un almacén geológico de gas que provocó más de 500 terremotos en la fase de pruebas, y que finalmente se desestimó su puesta en servicio. Una cláusula abusiva del contrato permitió a la empresa ACS cobrar por el almacén. El precio de la infraestructura, 1.350 millones de €, será transferido por ENAGAS que cobrará a través de las facturas de gas más de 4.700 millones de € (deuda+intereses) a la población durante 30 años.

Por todo lo anterior:
• Exigimos, junto con las comunidades y organizaciones mexicanas, la cancelación de las obras de construcción del gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos, puesto que éstas sólo benefician los negocios de Elecnor, Enagás y Bonatti a costa de los derechos fundamentales de los pueblos de México, poniendo en riesgo su vida y seguridad.
• Condenamos las acciones represivas y de criminalización de la protesta que realizan los gobiernos de Tlaxcala, Puebla y Morelos, así como el gobierno federal mexicano contra los defensores comunitarios de derechos humanos y ambientales frente a la imposición violenta del Proyecto Integral Morelos y su gasoducto. Exigimos que todos los derechos de los habitantes de las comunidades afectadas sean respetados irrestrictamente y que las autoridades mexicanas cesen de propiciar su violación continua.
• Asimismo, condenamos la violencia encubierta que realizan, por medio de las autoridades mexicanas, empresas europeas como Enagás, Elecnor y Bonatti para despojar a las comunidades opositoras al Proyecto Integral Morelos.
• Demandamos que el Parlamento Europeo y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas —en el marco del proceso de elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas trasnacionales y otras empresas basado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos— investigue a fondo las violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas en que hayan podido incurrir estas y otras empresas europeas en el territorio mexicano y, en caso de comprobarse éstas, que se apliquen las sanciones correspondientes a las empresas y se ordene la reparación integral de los daños a las comunidades afectadas.

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