Por Albert Sales y Júlia Martí, miembros de RETS
Publicado originalmente en catalán en La Directa el día 22 de junio de 2015
Hace unas semanas, filtraciones publicadas por Wikileaks revelaban detalles del Acuerdo sobre Comercio de Servicios que se está negociando de manera totalmente opaca desde julio de 2013. Aquí, analizamos algunos de estos detalles y sus consecuencias
El colapso de la Ronda de Doha (2001) obligó a los poderes económicos globales a abrir nuevas vías para profundizar en el proceso de liberalización comercial internacional. Las negociaciones enmarcadas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) no avanzaban debido a la negativa de algunas potencias emergentes y de países empobrecidos a aceptar un marco normativo cada vez más injusto y más desfavorable a sus intereses. Ante el estancamiento de las negociaciones multilaterales, EEUU y la UE adoptaron la estrategia de negociar bilateralmente con los estados africanos, asiáticos y latinoamericanos los llamados Acuerdos de Asociación (AdA) y los Economic Partnership Agreements (EPA) y, en paralelo, iniciaron la creación de una nueva arquitectura jurídica para el sistema de comercio internacional a través de grandes tratados como el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés).
Hace unas semanas, unas filtraciones publicadas por Wikileaks revelaron detalles del Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA en sus siglas en inglés) que se está negociando de manera totalmente opaca desde julio de 2013. Quien negocia el TISA son un grupo de países que se autodenominan “los buenos amigos de los servicios” y que está integrado por la UE en bloque, EEUU, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein , México, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Pakistán, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Taiwán y Turquía. El tratado tiene como objetivo la liberalización internacional de la prestación de servicios en materias tan diversas como el transporte, la comunicación, el tratamiento de datos, el asesoramiento legal, la educación, la salud, el tratamiento de residuos, el suministro de agua, la distribución de energía, el comercio digital, los servicios bancarios o los seguros.
El TISA añade al TTIP como pieza clave en la nueva arquitectura jurídica de la globalización neoliberal. Las empresas transnacionales europeas y norteamericanas, en su búsqueda de nuevos ámbitos de actuación de los que extraer riqueza, ven en los servicios básicos jugosos negocios en los que mantienen una ventaja comparativa importante respecto a las compañías competidoras de las potencias emergentes. La liberalización casi total que se está negociando daría un fuerte impulso a la privatización de todos los servicios públicos y a la aplicación de la cláusula del “trato nacional”, que implica que los gobiernos no puedan priorizar empresas nacionales en sus contrataciones ni plantear un trato favorable bajo ninguna circunstancia. Además, como reconoce la Comisión Europea en su página web, el tratado está diseñado para “animar al resto de miembros de la OMC a añadirse al TISA”. Se convierte, pues, en una palanca para desatascar negociaciones que han quedado paradas durante un tiempo largo.
Un tratado como el TISA erosiona la democracia y la soberanía de los pueblos, tanto por los procedimientos de negociación como por los contenidos. Las negociaciones se están llevando a cabo con una opacidad absoluta, a pesar de que limitan profundamente la capacidad de los gobiernos nacionales decidir sobre las políticas económicas y sociales.
Atendiendo el recorrido histórico de los tratados de libre comercio en vigor en todo el mundo, hay suficientes razones para afirmar que constituyen un mecanismo de salvaguarda de los intereses de las grandes empresas transnacionales frente al poder de los estados nacionales, ya que establecen mecanismos férreos para garantizar la rentabilidad de las inversiones mientras que las cláusulas sociales o medioambientales no pasan de ser meras declaraciones de intenciones. Con el TISA, se pretende garantizar al capital internacional que la privatización de los servicios públicos será irreversible y que sus inversiones en este terreno serán sobradamente rentables. Los documentos filtrados por Wikileaks apuntan que el TISA quiere ser el marco normativo que permita continuar vaciando la capacidad de provisión de servicios de las administraciones públicas en terrenos tan estratégicos e importantes para la vida cotidiana de la población como la salud, la educación, la agua, la energía, el tratamiento de residuos o la limpieza urbana.
Las cláusulas más peligrosas del TISA
El TISA supondrá la creación de un sistema de solución de controversias a través de tribunales privados. Las empresas que consideren que la acción de algún Estado o poder público las perjudica de alguna manera podrán interponer una denuncia ante estos sistemas de arbitraje (Investor-State Dispute Settlement, ISDS). Por el contrario, no existe ningún mecanismo supranacional para denunciar las vulneraciones de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales.
El TISA exigirá que los poderes públicos pongan a disposición de las empresas transnacionales y los lobbies toda la información sobre los procesos de privatización de servicios y sobre los concursos de adjudicación de licitaciones antes de que se pongan en marcha. Bajo el nombre de “cooperación reguladora”, se pretende que se establezcan mecanismos para recoger contribuciones sobre la redacción de los concursos públicos por parte de las potenciales empresas licitadoras para hacer que los procesos sean más eficientes y mejorar la prestación del servicio. En contraste, una de las cláusulas filtradas por Wikileaks obligaría a los negociadores a mantener el texto del TISA en secreto hasta cinco años después de su firma, lo que deja el acuerdo fuera de cualquier debate público y del alcance de la ciudadanía.
Finalmente, también incluye una cláusula trinquete (ratchet clause), que establecería la irretroactividad de cualquier medida que se tome para desregular, externalizar o privatizar un servicio público.
Un freno a las alternativas municipalistas
Ya hace más de una década que, en el ámbito municipal, existen iniciativas políticas que proponen la remunicipalización de servicios básicos estratégicos para el buen funcionamiento de las ciudades. En las últimas elecciones municipales, hemos visto como candidaturas que incorporan la remunicipalización del abastecimiento de agua a sus programas -hoy en manos de grandes empresas- llegaban al gobierno de Barcelona y de otras ciudades clave de Cataluña. A pesar de las dificultades que impone el marco normativo europeo y los contratos y las concesiones firmadas por empresas y ayuntamientos durante las últimas décadas, esta remunicipalización todavía es posible.
Cuando el TISA esté ratificado y entre en vigor, la cláusula trinquete impedirá que los municipios puedan tomar decisiones que modifiquen el escenario de liberalización en el que se produjo la concesión a una empresa privada. Dicho de otro modo, cualquier intento de devolver la gestión del agua en la administración local topará con un contencioso entre empresa y municipio que se acabará resolviendo a favor de la primera con total seguridad.
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