Esta semana se está realizando en Ginebra el Segundo Foro sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que, en un supuesto marco democrático, se sigue debatiendo sobre el modelo de la Responsabilidad Social Corporativa.
Este tipo de foros, en los que se encuentran representantes de gobiernos, de organizaciones internacionales, de empresas y de algunas organizaciones de la sociedad civil son un claro ejemplo de la forma de funcionar de las Naciones Unidas. Se realizan una serie de actos y encuentros que sirven para dar una cierta legitimidad a las políticas impuestas, pero a la práctica las decisiones ya están tomadas (a puerta cerrada y monitoreadas por los servicios de Lobby de las Empresas Transnacionales).
En este sentido, este foro representa la continuación y consolidación del proceso propuesto e implementado por John Ruggie, basado en la voluntariedad de las normas. Frente a las propuestas de creación de un Código Vinculante para las Empresas Transnacionales, se sigue promoviendo la lógica de la voluntariedad y de los Principios Rectores, en los que, en vez de establecer unas normas obligatorias, se ofrecen orientaciones para los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
De esta forma, las Empresas Transnacionales consiguen desviar la atención de los impactos que producen sus acciones sobre los Derechos Humanos y se consigue, como decía Ban Ki-moon, que mientras que “Antes la mayoría en la ONU consideraba el sector privado como parte del problema (…) hoy muchos aceptan que Naciones Unidas necesita trabajar para convertir a las empresas en parte de la solución para enfrentar la complejidad de los desafíos globales y alcanzar los objetivos del desarrollo”1
Por tanto, la realización de este Foro sobre Empresas y Derechos Humanos se convierte en un mecanismo más para perpetuar la impunidad de las transnacionales y legitimar “la arquitectura de la impunidad”. A pesar de que esta arquitectura está siendo cuestionada con fuerza, tanto por organizaciones de todo el mundo con la Campaña para Desmantelar el Poder Corporativo y poner fin a la Impunidad, como por los 85 gobiernos, liderados por el gobierno de Ecuador, que reabrieron el debate sobre las obligaciones vinculantes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado septiembre.
Frente a los continuos intentos de legitimar a las empresas y garantizar su impunidad, organizaciones de todo el mundo se encuentran estos días en Ginebra para presentar una propuesta de Tratado de los Pueblos y marchar contra la captura corporativa del sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo que se solidarizan con las acciones que se están desarrollando en Bali, en paralelo a la cumbre Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, para denunciar el actual sistema de libre comercio que solo beneficia a las corporaciones.
En este contexto el Tratado Internacional de los Pueblos se presenta como un instrumento de defensa de los pueblos frente al poder corporativo y recoge la necesidad de construir un sistema jurídico y económico alternativo al régimen de las transnacionales que ponga fin a sus abusos. Entendiendo que los pueblos son los sujetos políticos protagónicos, de quiénes se origina la ley y las normas para un sistema político, económico y jurídico que acabe con la situación actual de privilegios extraordinarios e impunidad de las corporaciones transnacionales.
Para más información: Comunicado de Prensa – Bali y Ginebra
collectiurets.wordpress.com 