Articulo de Lydia Sangüesa, versión en catalán  Campanya Roba Neta

Los Principios Rectores sobre Derechos Humanos y Empresas fueron adoptados en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, después de años de negociaciones entre representantes empresariales, organizaciones por los Derechos Humanos, organizaciones públicas y privadas y la sociedad civil.

Los principios no son de obligatorio cumplimiento y se centran en tres conceptos: prevención, respeto y reparación. Mientras que los estados tienen la obligación de garantizar los derechos humanos, las empresas deben respetarlos, y las dos deben garantizar la reparación en caso de que éstos sean violados. En cuanto a la prevención, el mecanismo con que cuentan las empresas es la debida diligencia. Es decir, los procesos que debe llevar a cabo para evaluar los impactos negativos que pueda tener su actividad empresarial sobre las trabajadoras, consumidoras o comunidades vulnerables.

¿Qué hacen las empresas respecto a la debida diligencia y los Principios Rectores:

Los tres elementos de la responsabilidad empresarial que se respetan (el compromiso con la norma, la debida diligencia en derechos humanos y la compensación económica) se presentan como tareas separadas. En general, las empresas se concentran en la debida diligencia en Derechos Humanos y, más concretamente en la gestión de los riesgos, la prevención y los posibles planes de futuro. La compensación económica es marginal.
Las acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), como por ejemplo las auditorías externas, se usan para lavar su imagen pero en cuanto a contenidos siguen siendo iguales. La debida diligencia se interpreta principalmente como una gestión de los riesgos: el «riesgo» se entiende generalmente como un riesgo sobre la propia reputación y, por tanto, los esfuerzos se concentran en las “necesidades” de las empresas en lugar de las de los afectados.
La responsabilidad va pasando de un escalón al siguiente en la cadena de suministro sin abordar las causas de raíz y sin iniciar ningún cambio desde la sede central.
Los informes están centrados en actividades, objetivos, planes de futuro y proyectos aleatorios, en lugar de centrarse en pruebas concretas y transparentes del impacto sobre el terreno.

Por tanto, si la aplicación efectiva de la debida diligencia debe ayudar a garantizar los derechos humanos, como puede que se produzcan numerosas violaciones vinculadas a actividades empresariales?

La respuesta principal se encuentra en la no obligatoriedad de este principios. No existe ningún mecanismo internacional que obligue a las empresas a establecer procesos de prevención. Además, muchas veces los estados tienen leyes muy débiles en cuanto al respeto de los derechos fundamentales. De este modo, esto recae casi de manera en exclusiva sobre la voluntad de las empresas la aplicación de estos principios.

Frecuentemente, tanto las empresas como los gobiernos ven las cadenas de suministro simplemente como un sistema de enlaces contractuales de negocios. Esta visión, sin embargo, no interpreta correctamente la realidad del comercio y las subcontractaciones: las cadenas de producción complejas son la norma y no la excepción. Demasiado a menudo la producción se desplaza a lugares muy alejados de donde se realizan los negocios formales y las trabajadoras se encuentran en un entorno de trabajo desprotegido, donde producen para marcas que no se sienten responsables de sus condiciones laborales.

Es indispensable que los actores relevantes participen en los procesos de debida diligencia, ya que además de mejorar los planes y políticas de las empresas en materia de derechos humanos pueden aportar la legitimidad necesaria. En el caso específico de las trabajadoras de la confección la debida diligencia debe tener las trabajadoras como punto central, ya que son las titulares de estos derechos. Esto implica que las acciones de debida diligencia deben tener lugar en los entornos donde se realiza la producción, y no limitarlas a las sedes de las empresas.

La importancia de crear mecanismos nacionales jurídicamente vinculantes

La Campaña Ropa Limpia (CRL) considera que la Debida Diligencia en Derechos Humanos es un componente esencial dentro de las medidas voluntarias que cada empresa debería implementar. Sin embargo, las medidas voluntarias no son suficientes. Teniendo en cuenta la escala global del comercio y los patrones de las cadenas globales de suministro, la CRL exige un tratado internacional vinculante que establezca una base jurídica para asegurar el trabajo digno en todo el proceso de suministro, y que responsabilice las compañías que no respeten los derechos humanos y laborales.

La falta de obligatoriedad en su aplicación constituye el mayor defecto de los Principios Rectores. Es por ello que hay que ir más allá de recomendaciones o declaraciones de buena voluntad y que los gobiernos empiecen a crear medidas legislativas que obliguen a las empresas a respetar los derechos humanos e implementar el proceso de debida diligencia. Por ello es necesario acompañar las campañas de concienciación y divulgación con alternativas concretas para controlar las prácticas de las empresas transnacionales. Estos mecanismos de control y propuestas de alternativas deben enfocarse tanto en la creación de legislaciones nacionales como, sobre todo, en la creación de nuevos procedimientos e instancias internacionales.

Desafortunadamente, a pesar de los avances en materia de respeto de los derechos humanos, no existe todavía una cultura de protección y respeto en el ámbito empresarial. Las ganancias y el posicionamiento de las empresas siguen siendo los principales motivos que guían sus acciones.

Hoy en día la llamada Responsabilidad Social Empresarial se ha convertido en un negocio y especialmente en un instrumento para mejorar la imagen de las empresas ante los consumidores, sin que se produzca necesariamente un cambio significativo en sus políticas y en sus procesos operativos. Muchas empresas y transnacionales tienen buenas intenciones, pero eso no es suficiente. Tiene que haber un cambio en el patrón de funcionamiento empresarial: el respeto de los derechos humanos y la soberanía de los pueblos deben estar por encima del lucro. Para que esto ocurra un primer paso necesario es la creación de un marco jurídico y organismos internacionales vinculantes que puedan controlar y sancionar a las transnacionales y los obliguen a aplicar lo establecido en los principios: su deber de respetar y reparar.

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