Por Lydia Sangüesa y Albert Sales (Colectivo RETS

Han pasado ya tres años del desastre del Rana Plaza, en el que se derrumbó un edifició lleno de fábricas textiles en Bangladesh que producía ropa para marcas internacionales. El saldo de más de un millar de muertes obligó a la opinión pública internacional a poner la vista en las grandes cadenas de suministro de la industria de la moda. A las campañas que desde los años 90 denuncian la explotación laboral de las obreras y los obreros de la confección se han sumado infinidad de nuevas voces. Las exigencias a las empresas para que cesen sus prácticas irrespetuosas han llevado a las marcas a hacer muchas promesas y a tratar de introducir cambios en su sistema de producción. Pero, ¿hasta que punto son capaces las firmas de la moda global de garantizar un trabajo digno en su cadena de suministro? ¿Puede un sistema de producción basado en la deslocalización y la flexibilidad laboral respetar los derechos fundamentales?

Desde principio de este año H&M se ha convertido en el blanco de una campaña de presión por parte de diferentes grupos de derechos laborales, ante la larga demora en la renovación de sus fábricas proveedoras en Bagladesh. La Campaña Ropa Limpia (Clean Clothes Campaign), el Foro Internacional del Trabajo de Derechos, la Red de Solidaridad de la Maquila y el Consorcio de Derechos de los Trabajadores han publicado una actualización sobre los retrasos en las reparaciones de seguridad de 32 fábricas de proveedores estratégicos para H&M en Bangladesh. El informe -basado en una revisión del último estudio llevado a cabo en septiembre de 2015- muestra que menos uno todos los proveedores estratégicos de H&M llevan retraso en las reparaciones y que en más del 50% de los casos aún faltan las salidas de emergencia adecuadas.

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Joli Akhter, obrera de la confecció, i la seva familia esmorzant. Dhaka, Bangladesh, August 2009. Foto de Taslima Akhter/Clean Clothes Campaign

H&M ha registrado en 2015 un beneficio récord de 2.252 millones de euros, lo que supone un aumento del 20% respecto al ejercicio anterior. Estos buenos resultado chocan de lleno con su responsabilidad a la hora de garantizar lugares de trabajo seguros para las personas que coses su ropa y que son la fuente de sus beneficios.

Pese a las repetidas denuncias por parte de sindicatos y organizaciones laborales sobre las condiciones de seguridad de las fábricas en Bangladesh, no fue hasta el desastre de Rana Plaza en 2014 que las marcas, bajo una gran campaña de presión social y mediática accedieron a firmar el Acuerdo para la Seguridad y contra Incendios. Dos años después de que se iniciaran las revisiones de las fábricas, queda demostrado que las renovaciones no se han completado y que por tanto respetar los derechos laborales en la cadena de suministro no responde a una prioridad en sus agendas.

No existe ninguna norma de obligado cumplimiento que les obligue tomar esas medidas. Pues en el Pacto de Sostenibilidad de Bangladesh que se firmó entre el Gobierno de Bangladesh y la UE la principal responsabilidad para mejorar las condiciones laborales recaía en el Estado y la patronal textil del país. No deja de sorprender que se le exijan dichas reformas a un país que fue pionero en aplicar las reformas de ajuste estructural del FMI, desregulando los derechos sociales, laborales y ambientales.

Empleos que condenan a la pobreza

Aunque las deslocalizaciones masivas de la industria de la confección se asociaron con oportunidades de desarrollo, la realidad es que los millones de puestos de trabajo creados en países como China, Bangladesh o Vietnam, han cambiado las formas de vivir la pobreza pero no la han reducido. A pesar de que todos los países productores tienen establecidos salarios mínimos legales, éstos se quedan muy lejos de los ingresos necesarios para vivir dignamente. En Bangladesh, las obreras de la confección no llegan a cobrar ni un dólar diario, en la India, Sri Lanka, Vietnam, Pakistán y Camboya, el salario se sitúa entre los 2 y los 4 dólares al día. Con estos ingresos resulta imposible garantizar el acceso a bienes y servicios básicos como la alimentación, la vivienda, la ropa o la educación, la salud o el transporte.

Lejos de detectar una progresiva mejora de la situación, durante la última década, la subida constante de los precios de los productos básicos ha erosionado el ya pobre poder adquisitivo de los obreros y las obreras que se denuncian a través de las campañas intenacionales que la crisis que estalló en 2007 ha servido de pretexto para que los empleadores dejaran de pagar el transporte hasta el puesto de trabajo. En Bangalor (India), el sistema trianual de revisión de salarios no ha impedido que el salario real cayera un 10% en los últimos 15 años. En Tailandia, los salarios aumentaron unos 40 céntimos de euro en la última década. En Bangladesh, los salarios estuvieron congelados entre 1994 y 2006 mientras el coste de la vida aumentaba una media del 5% anual. En 2006, tras grandes movilizaciones, el salario mínimo aumento de 900 taka a 1.662,5 taka mensuales. Pero cuando en 2008 se triplicó el precio del arroz, el aumento quedo neutralizado.

Estas remuneraciones miserables, que se perpetúan en el tiempo, conviven con jornadas laborales muy superiores a las que establecen los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Jornadas de 12 ó 14 horas diarias, 6 días a la semana, son norma y no excepción en las cadenas globales de suministro de las grandes firmas. Las promesas de desarrollo se convierten así en interminables situaciones de esclavitud que lucran a las élites globales y locales.

La Campaña Ropa Limpia ha denunciado en repetidas ocasiones el claro contraste entre los beneficios de las compañías y los salarios de las trabajadoras. Mientras se pagan salarios de pobrezas a las empleadas, las marcas consiguen beneficios exorbitantes antes, durante y después de la crisis. Inditex registró un beneficio neto de 2.020 millones durante 2015, pero las mujeres migrantes que cosían su ropa en fabricas subcontratadas en Turquía no superaron los 130€ al mes.

Subcontratación como modelo empresarial

En agosto de 2011, inspectores de trabajo del gobierno de Brasil encontraron 15 personas inmigrantes trabajando y viviendo en condiciones deplorables. Permanecían frente a las máquinas de coser largas horas – hasta 16 horas -, las contrataciones eran totalmente ilegales, había dos menores trabajando y su libertad de circulación estaba restringida. Los trabajadores estaban cosiendo ropa exclusivamente para Zara. Los abusos ocurrieron en dos pequeños talleres en Sao Paulo que habían sido contratados por el proveedor de Zara Brasil. No es la primera vez que la inspección de trabajo de un país denuncia condiciones similares. En Argentina se denunció hace unos años talleres clandestinos donde trabajaban inmigrantes bolivianos en condiciones de esclavitud. Los talleres son subcontratados por fábricas proveedoras de firmas sud-americanas y firmas internacionales para completar la producción.

El centro de investigación de transnacionales SOMO denunció dicho sistema de subcontratación y su impacto sobre los trabajadores de Brasil en el informe From legal responsability to legal leability. El modelo de negocio de grandes firmas como H&M o Inditex es elogiado por estar perfectamente adecuado a la velocidad de la industria de la moda. Inditex utiliza lo que llaman “proveedor de proximidad”, es decir, proveedores cercanos a los mercados en los que operan para responder más rápidamente a los cambios de tendencias de la moda. Siguiendo esta tendencia de subcontrataciones cercanas, en el año 2012, el grupo informó de sus negocios con 59 proveedores brasileños, que suministran tanto en Brasil como parte de Sudamérica. Estas empresas, a su vez, subcontratar otros 182 talleres -costura, teñido, lavado de ropa, etc.- para diferentes etapas de la producción. De acuerdo con Inditex, un total de 15.800 empleados trabajan para los fabricantes que ofrecen algún servicio a la compañía. Estas cifras muestran que por cada proveedor directo, la compañía mantiene una media de 3 subcontratistas en su cadena de suministro en Brasil. En China, la cifra de subcontratación es aún más alta: 4,3 subcontrataciones por cada proveedor directo.

Este modelo de negocio demuestra claramente sus límites a la hora de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Las firmas de moda exigen a los fabricantes una competitividad basada en la reducción de los costes al máximo, y una capacidad de servir los pedidos de forma rápida y flexible. Esta cadena de presión sobre fábricas y subcontratas recae en última instancia sobre las trabajadoras. Los códigos voluntarios y las buenas prácticas empresariales han demostrado no ser suficientes para cambiar esta situación. En el ámbito del RSC las empresas aseguran que pueden controlar su cadena de suministro, cuando queda demostrado que no es así. A nivel jurídico, sin embargo, las firmas se niegan a asumir ninguna responsabilidad legal de las condiciones en los talleres de costura, argumentando que no son responsables de las subcontrataciones. En otras palabras, las empresas aceptan voluntariamente su responsabilidad moral, pero se resiste a asumir la responsabilidad legal de las condiciones de trabajo dentro de su cadena de suministro.

Es necesaria una mayor transparencia para garantizar que los compromisos de las empresas están respaldados por hechos consistentes. Pero además, es necesario superar la idea de que la voluntariedad empresarial, la RSC y los código de conductas son suficiente para garantizar el cumplimiento de los Derecho Humanos. Es necesario establecer la responsabilidad civil y penal de las empresas y directivos ante la violación de Derechos Humanos. Así como establecer mecanismos internacionales para proteger de forma jurídica a las trabajadoras y comunidades de los países en los que las empresas internacionales desarrollan sus actividades.

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