Pese a no ser una empresa lo suficientemente conocida para decir de carrerilla su nombre, la influencia de PricewaterhouseCoopers (PWC) sobre la vida económica y política española es enorme y se remonta a la auditoría del Banesto de Mario Conde.

Torre de PWC en el paseo de la Castellana (Madrid) / Álvaro Minguito

El gazapo del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, al llamar “House Water Watch Cooper” a la consultora británica PricewaterhouseCoopers (PWC) se ha convertido en viral después del debate entre representantes del PP, el PSOE, Ciudadanos y Podemos del 7 de diciembre.

Las bromas después de la confusión de Iglesias apenas se centraron en el mensaje del líder de Podemos: la vinculación entre Jordi Sevilla, que será ministro de Economía si Pedro Sánchez forma Gobierno, con una de las cuatro consultoras más importantes del mundo.

La página de Wikipedia de la empresa en español apenas da más información de la que un buen servicio de prensa puede aportar: los puestos de trabajo que crea en todo el mundo (208.000) e ingresos (35.400 millones de euros). También indica que un 97% de las empresas del Ibex 35 han trabajado con PricewaterhouseCoopers, la empresa de “servicios profesionales” más prestigiosa del mundo, y que 462 de las 500 multinacionales más importantes del mundo trabajaron con PWC en 2014. La versión inglesa, en cambio, añade el clásico apartado de controversias, en el que se reseñan hasta 16 polémicas en las que ha estado envuelta la consultora.

Entre las razones para no olvidarse del nombre de esta compañía está su influencia en el diseño del mercado laboral, de las pensiones o de la sanidad en la era del neoliberalismo, su práctica de puertas giratorias o su “experticie” en los más avanzados métodos de “elusión fiscal”.

La cuchara en los servicios públicos

Como explicaba recientemente Nueva Tribuna, “PWC marca las líneas estratégicas en sanidad, innovación, educación, fiscalidad, empleo, defensa, energía, ciberseguridad e incluso de las ONG a través de la fundación Lealtad, controlada por PWC, las empresas del Ibex 35 y la escuela de negocios ESADE”. El copago sanitario o las reformas del mercado de trabajo son algunos de los objetivos de PWC en su aterrizaje en la sociedad española.

Otro apunte (judicial): PWC está implicada en el caso de la venta de pisos del IVIMA por parte de la Comunidad de Madrid a los fondos de inversión Goldman Sachs y Azora. PWC asesores de negocios aconsejó sobre la venta al Gobierno de Ignacio González mediante dos contratos realizados con una base de licitación “justo en el límite que permite acudir al procedimiento negociado sin publicidad”.

Regulación y desregulación fiscal

Tal y como señaló El Diario, PWC es una de las encargadas de diseñar el sistema tributario catalán. Un encargo que se produjo después de que saliese a la luz el escándalo de los cables de Luxemburgo.

Desde el Consejo Internacional para el Establecimiento de los Estándares de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), PWC también vigila para evitar la regulación sobre el sector financiero. Esto explicaba la presidenta de honor de Attac Francia, Susan George, sobre el IASB en 2014:

“Entré en contacto con la IASB para preguntar si estaba en su agenda la cuestión de la presentación de los informes oficiales país por país y recibí una cortés respuesta negativa. Las cuatro grandes empresas [el Big Four], cuyos amigos y colegas hacen las leyes y los reglamentos, perderían millones en ingresos si no pudieran aconsejar a sus clientes sobre la mejor manera de evadir impuestos. Los ciudadanos comunes seguirán soportando la carga tributaria. Los paraísos fiscales donde, según estimaciones fiables, han sido escondidos por corporaciones e individuos ricos unos 320.000.000.000.000 de dólares, seguirán floreciendo”.

El caso Luxleaks

La filtración de los llamados papeles del escándalo financiero Luxembourg Leaks puso en el centro del presunto caso de fraude fiscal a PWC, proveedora de información confidencial –junto con las otras tres firmas con las que compone el llamado “Big Four”– a 370 compañías multinacionales para evadir impuestos mediante la domiciliación de sus actividades en Luxemburgo, donde contaban con beneficios fiscales que convirtieron de facto a ese Estado centroeuropeo en el mayor paraíso fiscal a nivel mundial.

Leer: la ingeniería fiscal ha ganado la partida

El papel de PWC ha sido preeminente en este caso, ya que fue un empleado de la firma, Antoine Deltour, quien filtró los papeles. Deltour encontró en 2010 el sistema establecido por la Luxemburgo de Jean Claude Juncker –a la sazón, ministro de Finanzas y primer ministro de Luxemburgo entre 1995 y 2013– para evitar que las empresas tributasen en los Estados europeos y en EE UU. Como explicó la periodista Delphine Reuter en Café Babel, “se les acusa de la práctica sistemática de confrontar regímenes fiscales distintos con la intención de contribuir a la optimización fiscal de una empresa”.

Empresas como Pepsi, IKEA, Burberry, Skype, Disney, Black & Decker, la agencia de viajes Amadeus o Amazon se aprovecharon del sistema que desvelaron los papeles de PWC filtrados por Deltour y publicados el 6 de noviembre por un consorcio de medios europeos. Posteriormente, se incluirían los acuerdos obtenidos por las otras tres consultoras del Big Four: Deloitte, Ernst & Young y KPMG.

Una clave en el caso Bankia

El citado artículo de Nueva Tribuna recuerda que “PWC auditó la fusión de Bankia y de las cajas gallegas, que supusieron un agujero de más de 30.000 millones de euros”. En el Parlamento, el exvicepresidente Rodrigo Rato reconoció haber contratado a PWC para que hiciera un cálculo “riguroso de las posibles pérdidas esperadas y no cubiertas hasta el momento”. Pese a lo riguroso del cálculo, Bankia tuvo que ser rescatada, lo que puso al Gobierno español a los pies de una intervención de sus cuentas.
La realidad es que, desde la detonación del Caso Bankia, han goteado las informaciones sobre el fraude en la salida a bolsa de la entidad, en el negocio de las preferentes o en las retribuciones por encima del límite legal que se impusieron los principales directivos de la entidad, con Rato a la cabeza. La mayor parte de estas informaciones han venido de informes confidenciales y secretos de PWC. Pero el caso sigue abierto, y la auditora es una pieza clave para saber qué paso con las Cajas de Ahorros que se fusionaron en lo que hoy es Bankia.

Las puertas giratorias

El exnúmero dos de Bankia en la era Rato, Luis Maldonado, aparece en el estudio ‘forensic’ –sobre delitos económicos y fraude empresarial– encargado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que determinó la responsabilidades de administradores y directivos en los injustificados aumentos de retribución de altos cargos. Maldonado, responsable según Voz Pópuli de la salida a bolsa de Bankia, aparece entre los 17 altos cargos señalados por el informe… que elaboró la propia PWC y que se divulgó en diciembre de 2014.

Pero, desde 2013, Maldonado forma parte, como director, del Centro del Sector Financiero de PricewaterhouseCoopers e IE Business School. Ocupa la plaza que dejó vacante el todavía ministro de Economía, Luis de Guindos, responsable entre 2008 y 2010 del sector financiero de PWC. Durante este período, la compañía llevaba a cabo su programa de tax rulings en lo que posteriormente sería conocido como el caso Lux Leaks.

En escala madrileña, en diciembre de 2014, el portavoz de UPyD en la asamblea de Madrid, Ramón Marcos, solicitaba a Pricewaterhouse “un listado de sus plantilla completa en España, una relación de las contrataciones realizadas entre 2010 y 2014 y de las personas contratadas por PwC, directamente o a través de empresas dependientes, con vínculos familiares con miembros del Gobierno y altos cargos de la Comunidad de Madrid, Administración General del Estado y/o personas vinculadas al Partido Popular”, según recogió el portal Política Local.

La denuncia del partido magenta estaba motivada por la detención de José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, en el marco del Caso Púnica. UPyD ponía bajo sospecha los contratos de la Agencia de Informática de Madrid, por valor de 5,9 millones de euros, que se adjudicaron a PWC entre los meses de junio y octubre de 2014. En noviembre de 2015, la Audiencia Nacional ha rechazado incluirlos en la pieza de la Púnica y los ha devuelto al juzgado de instrucción número 22 de Madrid.

‘Revolving Doors’

El caso de Jordi Sevilla es el más conocido de entre los directivos de PWC con pasado político, pese a que la compañía ya ha borrado el currículum del exministro de Administraciones Públicas.

Sin embargo, la práctica de “puertas giratorias” no se detiene ni mucho menos en la división española de PWC. En 2013, la consultora anunciaba el fichaje de Alan Milburn, exsecretario de Salud durante el Gobierno de Tony Blair. Milburn había sido el encargado de la “modernización” (que en inglés significa privatización) del NHS, sistema público inglés. También en Reino Unido, este año se ha producido el fichaje por parte de PWC de Stephen Soper, tras más de seis años en la agencia reguladora de las pensiones, dependiente de la Secretaría británica de Trabajo y Pensiones.

En febrero de este año, The Independent publicaba un reportaje sobre las puertas giratorias entre PWC y el Gobierno inglés. Entre las motivaciones de esa práctica: facilitar una vía de entrada a las empresas a contratos públicos. El acceso a esos contratos fue denunciado por Margaret Hodge, diputada laborista y responsable del Comité de Cuentas Públicas, quien llegó a sugerir en el Independent la posibilidad de que se prohibiese a PWC acceder a esos contratos tras el estallido del caso Lux Leaks.

Dicho caso hizo que PWC protagonizase a su pesar la campaña electoral en Reino Unido. Las críticas laboristas a David Cameron por “hacer la vista gorda” con PWC en el caso Lux Leaks se convirtieron en un ‘boomerang’ cuando se conoció que PWC había donado 385.000 libras al contrincante de Cameron, Ed Milliband, del Partido Laborista.

Delito contra la Hacienda pública

Comparado con el caso Lux Leaks, el juicio al que se enfrentan los socios de PWC en España es pecata minuta. La Fiscalía acusa a 47 cargos de la división española de la empresa de no haber declarado 21 millones de euros por la venta de la división de Consultoría a la multinacional estadounidense IBM. El caso no está cerrado todavía.

Caso Banesto

PWC salió bien parado de la denuncia que interpuso el sindicato UGT por las auditorías que la firma llevó a cabo en Banesto antes del rescate –a través del Fondo de Garantía de Depósitos– por parte del Banco de España de la entidad presidida hasta entonces por Mario Conde. La “cultura de la excelencia” de PWC no sirvió para detectar “ninguna anomalía ni salvedad” en las cuentas de Banesto. Los 577.923 millones de pesetas que afloraron tras la intervención del BdE no aparecieron en los libros de la consultora.

Otras polémicas

Discriminación por no vestir como una mujer (1988)

El caso de Hopkins contra PWC sentó jurisprudencia para casos de discriminación por motivos de género. Corría el año 1988 cuando la firma fue demandada por Ann Hopkins, que consideró que no se la promocionaba por no haber cumplido las órdenes de arriba de “vestir, hablar, comportarse y andar” de forma más “femenina”. El Tribunal Supremo de EE UU dio la razón a Hopkins frente a la empresa.

Ayuda a Northern Rock (2007)

Otra de las controversias es por el papel de PWC en el estallido de la burbuja de las hipotecas subprime. La compañía era consultora y auditora de Northern Rock, banco británico que fue rescatado por el Gobierno de Gordon Brown. PWC fue acusada de conflicto de intereses.

Privatización del agua en Delhi (2005)

La consultora incurrió en un caso de corrupción para favorecer la privatización del sistema de agua en Nueva Delhi, en la India. “Como era previsible, la sugerencia de PWC fue privatizar la empresa estatal y entregar el servicio de las 21 zonas que componen la ciudad a operadores privados como Degremont (Suez), Manila Water (Bechtel) SAUR y Veolia, a través de ‘contratos de gestión'”, según denunció el investigador Afsar Jafri.

Como señala La Izquierda Diario en un artículo sobre la corrupción en Brasil en el marco del caso Petrobrás,

[PWC] exhibe condenas en el mundo por fraudes contables y favoritismo en las privatizaciones; fue condenada por fraude millonario a la canadiense Tyco; en el fraude a la petrolera rusa Rosneft; en fraudes que favorecieron la privatización del sistema de agua en Nueva Delhi en la India, y por fraude contable a la JP Morgan, uno de los pivotes de la crisis capitalista internacional.

Facturación en Los Ángeles (2015)

Una de las últimas polémicas se ha producido por una denuncia de la Ciudad de Los Ángeles de marzo que alega que la consultora ha causado cientos de millones de dólares en daños a la ciudad al implementar un sistema defectuoso de facturación en el Departamento de Agua y Energía