Fuente: Ecuador Decide, Ekologistak Martxan

La policía y los  militares gasearon y apalearon a ciudadanos que
manifestaban contra las políticas y reformas del gobierno

¿Me creerías si te dijera que mientras el presidente Rafael Correa estaba
cantando “Hasta siempre, comandante” con una banda en la plaza principal en
el centro de Quito el pasado jueves por la noche, a una cuadra de la
policía antidisturbios  gaseaba y aporreaba a ciudadanxs ecuatorianxs? O
que en otros lugares de Ecuador se ha notificado que la policía dirigía sus
ataques específicamente a “partes íntimas” de las manifestantes femeninas?

Ecuador se encuentra actualmente en estado de agitación. Miles de personas
protestan contra las enmiendas constitucionales propuestas, la expansión de
la frontera petrolera, proyectos mineros, los cambios en el agua y la
política educativa, la legislación laboral y de las pensiones, una
propuesta de “Tratado de Libre Comercio” (TLC) con la Unión Europea (UE), y
el aumento de la represión y de la libertad de expresión, entre otras
cosas. ¿La respuesta del gobierno? Enviar la policía y el ejército con
porras y gases lacrimógenos para apalear a los ciudadanos, detenciones
arbitrarias, allanamientos de casas  e incluso – algunas personas creen –
el aprovechar las erupciones volcánicas para declarar un “estado de
excepción” en todo el país.

Las protestas han tomado diferentes formas. Los indígenas marcharon durante
10 días a partir de la provincia de Zamora Chinchipe en la Amazonía a
Quito, miles y miles de personas se reunieron en la capital la semana
pasada, y otra marcha en que participan aproximadamente 2.000 personas se
celebró allá el lunes. Además, una serie de manifestaciones y bloqueos de
carreteras han ocurrido en otras partes del país.

“Nunca antes he visto nada como esto”, Patricia Gualinga, dirigente kichwa
de la Amazonía, dijo a The Guardian, hablando de la violencia que se desató
en las estrechas calles de Quito la semana pasada. “Brutalidad total.
Usaban motocicletas, caballos y bombas lacrimógenas. No te puedes imaginar
como fue si no lo ves “.

Esta semana, el lunes 17 de agosto hubo gran violencia en Saraguro en la
provincia de Loja, en el sur de Ecuador, que Luis Maca, un hombre indígena
Kichwa Saraguro, describe como “prácticamente una batalla”. Dijo a The
Guardian que aproximadamente 1.500 policías y militares descendieron sobre
su pueblo y asaltaron casas y arrestaron y golpearon a la gente. De acuerdo
con Maca, esto fue en respuesta a un bloqueo pacífico de la carretera
Panamericana, que corre al norte de Quito, que se había establecido desde
el 6 de la mañana.

Julio Lima, en Saraguro, dijo a The Guardian que las mujeres, niños y
ancianos fueron golpeados, que rompieron ventanas y destrozaron puertas, y
que la violencia se generó desde aproximadamente las 10:00 a las 16:00. Se
calcula que había más de 1.000 policías y soldados movilizados, y dice que
permanecen en la región aledaña.

Un hombre de la localidad, Darwin J, llama a la violencia en Saraguro
“represión brutal de las fuerzas de policía sin respetar a los ancianos,
las mujeres y los niños”. “Lo más preocupante es que el ejército y la
policía entraron en los territorios comunales de Lagunas, Ilincho y Gunudel
donde entraron en casas y habitaciones, sin piedad maltrataron a las
personas que encontraron allí, que no eran aún parte de las protestas y
muchos de los cuales fueron detenidos”, dice Darwin en un comunicado
distribuido por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos
(INREDH).

Un portavoz de la CONAIE, la federación a los pueblos indígenas nacionales,
dijo a The Guardian que 31 personas habían sido detenidas y varias heridas
en Saraguro. El portavoz también dijo que el ejército actuó contra
manifestantes indígenas Shuar y Achuar la noche del domingo, golpeando a la
gente y lanzando bombas de gas lacrimógeno en respuesta a un bloqueo
pacífico de la carretera que corre entre una ciudad de Puyo y la de Macas,
en la Amazonia .

A nivel nacional, se reportan decenas de personas que han sido golpeadas,
heridas y detenidas arbitrariamente – estas últimas alcanzando unos 200,
según Gualinga. Aquellos golpeados incluyen el presidente de la
organización Kichwa Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, el prefecto de
Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, y la pareja de Pérez Guartambel, o
Manuela Picq, una franco-brasileña que vive y enseña en Ecuador y que el
Ministerio del Interior intentó deportar cancelando su visa.

El intento del Ministerio provocó el rechazo en Quito y a nivel
internacional – incluyendo una petición de más de 8.000 firmantes – y un
juez falló en su contra el lunes. Picq había sido golpeada por la policía
con porras y detenida la noche del 13 de agosto. Ella le dijo a The
Guardian que estaba efectivamente “secuestrada por el Estado” y añadió “sin
el debido proceso”.

“Creo que el objetivo era minar a Carlos [Pérez Guartambel]”, dice Picq.
“No creo que pensaron que habría tanto apoyo internacional”.

Los informes sugieren que las manifestantes femeninas están siendo
particularmente el blanco de la policía y el ejército. Una declaración de
“Mujeres de la huelga”, se lee: “Condenamos enérgicamente la brutalidad
machista y criminal con la que el Estado ha atacado y criminalizado a las
mujeres por haber participado en las manifestaciones … Exigimos a las
instituciones internacionales de derechos humanos que exijan al Gobierno
ecuatoriano que cese estas agresiones contra las personas que participan en
la huelga y en particular contra defensoras de las mujeres, de los derechos
humanos y de los derechos de la naturaleza”. Otra declaración enviada por
la CONAIE, INREDH y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) dice:
especialmente denunciamos la violencia contra las mujeres, que dicen que
fueron golpeadas y a las que violentamente arrebataron su ropa tradicional”.

Algunas personas son muy escépticas de la decisión del gobierno de declarar
el “estado de excepción” nacional en respuesta a erupciones en Cotopaxi, un
volcán de aproximadamente 45kms de Quito, que pone todas las fuerzas
armadas y la policía del país a disposición de los dos ministerios y
permite la suspensión de los “derechos constitucionales a la inviolabilidad
del domicilio, al movimiento, de reunión y de correspondencia” en caso de
una posible emergencia. Ha habido algunas erupciones y ha volado ceniza a
la capital, pero ¿se precisa que el “Estado de excepción” sea a nivel
nacional? ¿Y por qué prohibir a los medios de comunicación de Ecuador y a
los medios sociales informar sobre el volcán a menos que utilice fuentes
gubernamentales “oficiales”? Lima dijo a The Guardian “realmente [el
volcán]  no nos afecta en modo alguno”, y Gualinga dice que “no va a
afectar a todo el país” y cree que el gobierno está “manipulando el tema
para generar la represión.”

El portavoz de la CONAIE dijo a The Guardian “la erupción del Cotopaxi no
justifica [el Estado de Excepción] de ninguna manera.” CONAIE emitió un
comunicado en respuesta diciendo:

“Queremos dejar claro que la declaración nacional de Estado de Excepción no
se justifica para responder a la emergencia presentada por el volcán
Cotopaxi, y la restricción de los derechos constitucionales a la
inviolabilidad del domicilio, al movimiento, de reunión y de la
correspondencia en todo el territorio ecuatoriano aún menos. Nos sorprende
que esta declaración incluye zonas que no se ven afectadas, sobre todo
cuando hay manifestaciones en marcha exigiendo que el presidente y su
gobierno rectifiquen sus políticas que afectan directamente a los derechos
y libertades de los pueblos y naciones [indígenas], así como a lxs
ecuatorianxs en general ”

El “estado de excepción” fue declarado el 15 de agosto. Durante los
siguientes dos días los militares participaron en desmontar las protestas
en “Loja, Zamora (Bomboiza) Cañar y Morona Santiago”, y la carretera
Puyo-Macas y la parroquia de Bomboiza en Zamora fueron militarizadas, de
acuerdo con un colectivo de organizaciones incluyendo la CONAIE, el Frente
Unido de Trabajadores (FUT) y la Unión General de Trabajadores del Ecuador
(UTGE). “Teniendo en cuenta las acciones represivas que se están
implementando, estamos advirtiendo que el Estado de Excepción decretado
para todo el territorio nacional el sábado por el presidente Correa podría
ser un pretexto para reprimir a las zonas que no tienen nada que ver con el
volcán Cotopaxi” opinan los colectivos .

Marlon Santi, ex-presidente de la CONAIE, está igualmente preocupado. En un
artículo publicado por Ecuador en Vivo, Santi aparece diciendo que las
erupciones del Cotopaxi no merecen que sea declarada una emergencia en
“todo el territorio nacional”, y que “varias provincias se han militarizado
debido a las protestas indígenas, gracias al Estado de Excepción “.

Kevin Koenig de Amazon Watch describe la medida como un “gran, gran
distracción mediática” y un “pretexto increíble para movilizar a los
militares”. “Sería casi cómico si no había tal represión”, Koenig dijo a
The Guardian.

Una de las preocupaciones fundamentales de los manifestantes son las
propuestas de enmienda a la Constitución de Ecuador que permitirían Correa
ser reelegido como presidente indefinidamente cuando su tercer mandato
expira en 2017.

Las protestas son parte de un Levantamiento y Huelga Nacional, anunciado el
11 de agosto por la CONAIE, Ecuarunari y otras organizaciones. Sus demandas
incluyen el abandono definitivo de las enmiendas constitucionales, la
devolución inmediata de los fondos de desempleo perteneciente a los
trabajadores, la derogación de las leyes de agua, la suspensión inmediata
de las negociaciones para un “acuerdo de libre comercio” con la UE, la
suspensión inmediata de las operaciones petroleras en el Parque Nacional
Yasuní, y la liberación de “todos los defensores de la Madre Tierra y los
Derechos Humanos enjuiciados injustamente.”

Ayer, 18 de agosto las organizaciones de trabajadores – incluyendo el FUT y
UGTE – anunciaron una marcha en Quito esta tarde y se realizará una huelga
nacional de trabajadores de fábrica.

La Secretaría Nacional para la Comunicación de Ecuador (SECOM) no respondió
a preguntas.

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