Steffania Gozzer, noticia publicada en El País el 12 de enero de 2015

La farmacéutica italiana Rottapharm presentó en diciembre un expediente de regulación de empleo (ERE) para prescindir del 72% de su personal en España, cerrar sus oficinas en Barcelona y trasladarse a Madrid para completar su fusión con la sueca Meda AB, que adquirió la empresa a mediados del año pasado por 2.275 millones de euros. La compañía, con sede en la capital catalana, despedirá a 97 personas de las 135 que conforman su plantilla.

La mayoría de los afectados —medio centenar— trabajan en las instalaciones de la Avenida Diagonal, en Barcelona. El resto está repartido por todo el país. Rottapharm ha alegado causas organizativas y económicas para ejecutar el ERE, ya que asegura haber sufrido pérdidas en su filial española durante los últimos años. Los empleados, sin embargo, consideran que los motivos planteados “no se corresponden con la realidad” después de que la empresa haya sido adquirida por Meda, según explica Ana Tomé, del Col·lectiu Ronda, el despacho de abogados que lleva el caso.

“Incomprensiblemente, ningún representante de Meda está en la mesa de negociación. Estamos negociando sobre la base de las dificultades que ha sufrido la empresa durante los últimos años como si la situación fuera absolutamente irreversible; mientras Meda habla, desde julio pasado, de las excelentes perspectivas de futuro de Rottapharm y de un incremento del valor de las acciones previsto de más del 20%”, denuncia Tomé.

Los trabajadores piden que se tenga en cuenta la nueva situación de la compañía tras la fusión —que hizo que el antiguo propietario de la compañía, Luigi Rovati, entrara en la lista Forbes de multimillonarios— y que se estudie la posibilidad de recolocar personal en Madrid. Si bien la compra aún no ha sido formalizada en España, Tomé asegura que Meda “ya está tomando las riendas” de Rottapharm por lo que considera que el ERE, “tal como se está desarrollando hasta ahora, es un completo abuso de derecho” porque la compañía utiliza “la figura de un empleador que ya no existe”.

El plazo de las negociaciones acaba mañana y, de momento, Rottapharm ha ofrecido a los afectados una indemnización de 28 días por año trabajado con un máximo de 18 mensualidades. Una cantidad que los empleados rechazan y están dispuestos a llevar a los tribunales.

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