En las últimas semanas el pueblo maya q’anjobal del norte del departamento de Huehuetenango, Guatemala, ha sufrido un nuevo episodio de represión y criminalización, por su oposición a la central hidroeléctrica Cambalam de la empresa española Hidralia Energía. Con detenciones arbitrarias de activistas, militarización del territorio y órdenes de captura contra varios dirigentes locales.

Ante estos hechos y en coordinación con las organizaciones locales, la CODPI (Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas) lanza la Carta Abierta “Represión, criminalización y despojo: causas de la conflictividad en Barillas y la región norte de Huehuetenango”, dirigida a las autoridades públicas, a las empresas implicadas y a las organizaciones sociales. Os invitamos a firmarla y a difundirla de la manera más amplia.

Fuente: CODPI

CARTA ABIERTA

REPRESIÓN, CRIMINALIZACIÓN Y DESPOJO: CAUSAS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BARILLAS Y LA REGIÓN NORTE DE HUEHUETENANGO

En las últimas semanas hemos asistido a un nuevo episodio de criminalización y represión en el territorio del pueblo maya q’anjobal del norte del departamento de Huehuetenango, Guatemala. Con fecha de 28 de septiembre de 2013, el activista Maynor López -opuesto a la construcción el proyecto hidroeléctrico Cambalam I- fue detenido arbitrariamente por personas no identificadas, para ser trasladado posteriormente, en un helicóptero militar, hasta la capital departamental. Organizaciones de derechos humanos denuncian que la detención se llevó a cabo sin orden de captura, y una misión de verificación presente en el lugar de los hechos -en la que participaron diputados nacionales- denunció la existencia de signos de torturas en el detenido.

A raíz de estos hechos y de las protestas comunitarias que les sucedieron, se procedió -una vez más- a la militarización del territorio y se cursaron órdenes de captura contra varios activistas locales, profundizando en la criminalización que padecen las comunidades y las organizaciones que les acompañan. El Ministro de Gobernación guatemalteco, Mauricio López Bonilla, llegó al extremo de acusar de terrorismo a la población opuesta al proyecto y de amenazar con la expulsión de las personas extranjeras que participen en protestas sociales.

El señor Maynor López es una de las cabezas visibles del movimiento legítimo de resistencia contra la instalación del proyecto Cambalam, operado por la empresa Hidro Santa Cruz (subsidiaria en Guatemala de la española Hidralia Energía). A raíz de este compromiso en defensa de los recursos naturales, el señor López ha sufrido señalamientos continuos por parte de la empresa, la cual le ha acusado públicamente y de manera sistemática de ser el responsable de obstaculizar los acuerdos con las comunidades, así como de fomentar el uso de la violencia y de tener razones particulares y políticas para su activismo.

Es necesario recordar que esta situación no es nueva. La conflictividad ha sido una constante en el municipio de Barillas y en los municipios vecinos, desde el momento en que se puso en marcha el proyecto Cambalam, el cual no sólo no cuenta con el consentimiento de la población, sino que ha sido explícitamente rechazado -al igual que cualquier otro proyecto minero o hidroeléctrico- por los y las pobladoras del municipio, en consulta realizada el 23 de junio de 2007. Esta preocupante situación vivió sus peores momentos cuando, tras el asesinato del comunero Andrés Pedro Miguel, opuesto al proyecto (1 de mayo de 2012), fue declarado un estado de sitio por parte del Gobierno de Otto Pérez Molina, de 18 días de duración, en el marco del cual se denunciaron graves violaciones de los derechos humanos.

El municipio de Barillas, así como el resto de municipios vecinos afectados por la violencia, forma parte del territorio del pueblo maya q’anjobal, cuyos derechos colectivos quedan recogidos en la Constitución Política de la República, los Acuerdos de Paz, y el Convenio 169 de la OIT, que forma parte del ordenamiento jurídico del Estado guatemalteco. Entre estos derechos, destaca especialmente el de participar en la gestión y conservación de los recursos naturales, así como el de ser consultados con carácter previo, de buena fe y mediante procedimientos apropiados, con la finalidad de alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento.

El proyecto Cambalam está operado por la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la transnacional Hidralia Energía, con sede matriz en el Estado español (en la ciudad de A Coruña, Galicia). También este Estado ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y está obligado a cumplir y a hacer cumplir los derechos por él reconocidos.

Ante este escenario, las personas y organizaciones abajo firmantes:

1. EXIGIMOS a las autoridades de Guatemala y del Estado español, tanto centrales como autonómicas, que cumplan y hagan cumplir a la empresa Hidralia Energía, así como a su subsidiaria en Guatemala, Hidro Santa Cruz, los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico guatemalteco y español, especialmente los recogidos en el Convenio 169 de la OIT, en cuanto el desempeño de estas empresas se da en un territorio habitado por pueblos indígenas.

2. EXIGIMOS a las autoridades de Guatemala, especialmente al Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, que cesen en la represión y la criminalización de las comunidades -así como de las organizaciones que les acompañan- movilizadas legítimamente en defensa de sus derechos colectivos, reconocidos tanto en las leyes guatemaltecas, como en el Convenio 169 de la OIT.

3. EXIGIMOS a la empresa Hidralia Energía, así como a su subsidiaria en Guatemala, Hidro Santa Cruz, que desistan de la construcción del proyecto hidroeléctrico Cambalam, el cual no cuenta con el consentimiento del pueblo maya q’anjobal de Barillas, en cuyo territorio se pretende instalar, y que cesen en el señalamiento de activistas y dirigentes comunitarios.

4. SOLICITAMOS a las organizaciones sociales de Guatemala, del Estado español y a la comunidad internacional, que mantengan su atención sobre el municipio de Barillas y todo el norte de Huehuetenango, denuncien las violaciones de derechos que se están produciendo y se sumen a la presente carta.

Porque consideramos que únicamente en un marco de respeto escrupuloso de los derechos humanos, individuales y colectivos, de los pueblos de Huehuetenango, es posible acabar con la conflictividad. Porque creemos que las comunidades del pueblo maya q’anjobal tienen derecho a vivir en paz y a elegir su propio modelo de desarrollo, sin sufrir por ello represión y criminalización.

“¿CUÁNTOS DERECHOS ES NECESARIO VIOLAR PARA PRODUCIR ENERGÍA?”

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