Introducción del artículo de Albert Sales y Jesús Carrión (20 páginas) publicado en el libro “Empresas Transnacionales en América Latina: Análisis y propuestas del movimiento social y sindical” editado por Hegoa y OMAL en julio de 2013.

https://i2.wp.com/publicaciones.hegoa.ehu.es/assets/covers/294/medium/Empresas_transnacionales_America_Latina.jpgLas empresas transnacionales han acumulado un poder económico que supera en muchos casos a la propia capacidad de generación de riqueza de los Estados. Y ese poder económico lo convierten en poder político que se convierte en leyes de ámbito internacional, estatal y local que protegen sus intereses y dejan indefensas a las mayorías, que ven sus derechos básicos conculcados (Hernández Zubizarreta, 2009). Para conse-guir sus objetivos, las transnacionales tienen un arsenal de instrumentos, contando en primer lugar con el apoyo de la mayoría de los gobiernos del mundo que ponen a su servicio tanto su aparato diplomático y jurídico, así como el dinero público que sea necesario para dar apoyo a sus objetivos.

Entre los objetivos de dichas compañías, el principal es la maximización de beneficios en el mínimo tiempo posible. Para ello, los directivos de las empresas ven el mundo como un autómata global del que pueden tomar todo aquello que necesiten, con la lógica del mínimo coste posible. En esa lógica, la empresa irá a buscar la mano de obra más barata, los recursos naturales allá donde estén y sean más económicos, o la legislación ambiental sea más laxa y se tenga un régimen fiscal “aceptable” (Verger y Carrión, 2006). Si es necesario apoyar un golpe de estado o comprar los favores del gobierno golpista de turno, así se hará. Si se debe presionar al gobierno con el pago de la deuda externa para conseguir mejores condiciones para acceder a la privatización de servicios públicos, también. Eso sí, aquí la lógica de la maximización de beneficios va acompañada de otras dos máximas: “el fin, justifica los medios” y “si no opero yo, operará mi competencia y conseguirá ventajas competi-tivas respecto a mi”. Y una tercera máxima, que rompe del todo con las “teóricas” leyes del mercado, “privatización de beneficios y socialización de pérdidas”, ya que las grandes empresas nunca pueden perder, y si parecie-ra que ello pudiera ocurrir, el Estado debe salir en su ayuda, como se está comprobando en los últimos tiempos con el caso de la crisis española y los rescates de la banca.

Atendiendo a dichas máximas, la empresa necesita diferentes tipos de recursos en su cadena de producción. Uno de los fundamentales es la mano de obra. A finales del siglo XX hemos asistido a la gran deslocalización de la industria de los países occidentales en todos los sectores produc-tivos, con una masiva huida a países con condiciones laborales “propicias y competi-tivas para la inversión”, es decir, con mano de obra barata y con la mínima protección legal para las personas empleadas. Estas desloca-lizaciones se han llevado a cabo con industria propia, a través de la creación de filiales como en el caso de la automoción, o a través de la subcontratación a terceras empresas de las tareas productivas más intensivas en trabajo. Son ejemplos paradigmáticos la confección y la electrónica.

¿Pero que ha significado la mano de obra más barata? Las políticas laborales impulsadas por las ETN desplazan los riesgos de producción hacia las personas trabajadoras a través de la imposición de máxima flexibilidad en los mercados laborales. La precariedad de los contratos, la exclusión de los mecanismos de seguridad social, los salarios de miseria, la ausencia de representación sindical y las jornadas maratonianas, se están convirtiendo en una norma en las cadenas de suministro de las corporaciones de todos los sectores. El deterioro del empleo además, afecta con mayor intensidad a mujeres que a hombres y se ceba en los sectores menos cualificados de la mano de obra femenina y repercute en las formas de organización social de pueblos y comunidades de todo el mundo  (ILO, 2013). Se ha convertido en algo común que obreros y obreras trabajen más de 14 horas diarias en condiciones inhumanas por un salario con el que no pueden llegar a cubrir las necesidades básicas de su familia, generándose un círculo perverso, muy próximo a la esclavitud (Sales, 2011).

Las grandes empresas cuentan con la connivencia de los gobiernos receptores que han creado con diligencia zonas francas para que estas compañías aterricen cómoda-mente. Zonas francas en las que las empresas se instalan con exenciones fiscales por treinta años, están prohibidos los sindicatos, las personas trabajadoras no tienen reconocidos derecho alguno y en las que se carece de legislación ambiental (López y Garza, 2009; CEPAL, 2001). Por supuesto, para que estas zonas existan de esta forma, deben haber gobiernos que las implanten. Cuando una empresa transnacional es interpelada por las condiciones laborales de sus subcontratas, la empresa suele argumentar que pagan el salario mínimo legal en el país. Se olvidan mencionar que en muchos casos la legislación se ha escrito para ellas, y también se olvidan precisar que con dicho salario, las personas trabajadoras no van a poder cubrir sus necesidades básicas y por tanto, se convierten en responsables de que dichas personas no puedan acceder a una vida digna.

Con dichas prácticas, las empresas transnacionales transfieren a la sociedad el coste que deberían estar soportando por su actividad productiva. De la misma forma, transfiere dicho coste a la sociedad cuando obliga a dichas personas a trabajar en jornadas de 12 a 14 horas, 6 días a la semana (Sales y Piñeiro, 2012). Para garantizar este privilegio, que de ninguna manera se puede llamar derecho, no permiten a sus trabajadoras la afiliación a sindicatos. En economía, dicha transferencia de costes se denomina externa-lidad negativa, ya que la sociedad debe hacerse cargo de costes de la empresa, asumiendo  aquellos efectos negativos de su actividad. Esta situación no debería ser así, y dichos costes  generados por la empresa deberían ser soportados e integrados en la cuenta de explotación de la misma, mino-rando su beneficio. Mantener una masa de personas trabajadoras al borde de la esclavitud, permite tener mayores beneficios, dejando que sean esas mismas personas las que padezcan y soporten una vida sin más futuro que el trabajo en la fábrica (Hearson, 2010).

Estos ejercicios de vulneración de los derechos humanos y de graves impactos ecológicos, además de vulneraciones de los derechos sociales y culturales de las poblaciones receptoras de dichas compañías se han convertido en sistemáticos y empo-brecen hoy a millones de personas. El Teorema de Coase afirma que el mercado es el que debe resolver el problema, ya que constituye el mejor espacio para que los sujetos lleguen a acuerdos, evitando la intervención del Estado con más regula-ciones. En su postulado, Coase consideraba que los costos de transacción deberían ser mínimos y los derechos de propiedad claramente delimitados (García Villegas, 2004). El problema que tiene Coase, es que los costos de transacción en la mayoría de los casos no son mínimos y al acudir los sujetos en conflicto a los tribunales, no son todos iguales ante la ley porque no detentan el mismo poder. Es más, las mayorías tienen conculcado el acceso a la justicia, mientras las empresas transnacionales, las minorías, son capaces de transformar el poder económico en político e incidir en los legisladores en todos los ámbitos para construir una malla jurídica, en la que sus derechos como empresas estén blindados por contratos privados, la normativa internacional y las leyes locales, arrinconando los derechos humanos, convertidos en una mera cuestión voluntaria. A este regimen, Hernández Zubizarreta (2009) le da el nombre de Lex Mercatoria. Siguiendo la misma lógica, dichas compañías transfieren al planeta toda aquella contaminación que no deberían generar si hicieran las inversiones necesarias, y que son tanto las poblaciones afectadas directamente por su actividad, como el resto del planeta, si pensamos en términos de salud y medio ambiente, las que padecen sus efectos, sin olvidarnos de las generaciones venideras.

Frente a la lógica de las transnacionales, en la que todo está permitido para la maximización de los beneficios, hay que demandar que se imponga una limitación a su capacidad de actuación: el estricto respeto a los derechos humanos en un sentido amplio. No sirve oponerse a esta exigencia alegando que la globalización de las cadenas de suministro convierte la trazabilidad de la producción en una tarea imposible. Si no se pueden garantizar los derechos humanos no se debería deslocalizar.

Para continuar leyendo el artículo completo del libro (20 páginas), descargar aquí.

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