Fuente: Le Monde 26/08/13

Para hacer frente a las persistentes dificultades financieras – el déficit público supera los € 70 mil millones en 2012 -España ha decidido vender una cuarta parte de sus activos públicos, incluidos los grandes espacios naturales. Una de las joyas de esta gran entrega pública de más de 15.000 propiedades, que van desde edificios emblemáticos de las más bellas calles de Madrid a suelo no urbanizable junto a autopistas y líneas ferroviarias, es el campo de la Almoraima, Andalucía.

La propiedad es una pequeña maravilla, única en Europa. Cubre más de 14.000 hectáreas -se trata de una de las grandes haciendas que aún existen en el Viejo Continente- , el 90% pertenecen al Parque Natural los Alcornocales, uno de los ejemplos más espectaculares del bosque mediterráneo primario. Se extiende desde la punta del viento de Tarifa, en la costa sur, a la Sierra de Grazalema, a unos cien kilómetros al norte, 170.000 hectáreas del parque también cuenta con la mayor formación de alcornoques en la Península Ibérica.

La vegetación, que data de la era terciaria, es característica de la laurisilva, un tipo de bosque muy húmedo subtropical de olivo silvestre, laurel, fresno, algarrobos, palmeras enanas, rododendros o jaras, brezos o laburnum. Su fauna también es muy rica, con más de doscientas especies de vertebrados, incluyendo grandes colonias de ciervos, venados, jabalíes, gatos monteses, nutrias, águilas y buitres.

ECOLOGISTAS Y AUTORIDADES LOCALES SE OPONEN A LA VENTA

El parque, a caballo entre las provincias de Cádiz y Málaga, de las más turísticas de España, había resistido hasta ahora la presión de los promotores inmobiliarios que han hormigonado las playas de la Costa del Sol.

Para facilitar la venta de la Almoraima, cuyo precio de mercado actual rebasa los 180 millones de euros, el gobierno aprobó un plan de desarrollo para la zona, incluyendo el permiso para crear dos campos de golf y la construcción de un hotel de cinco estrellas y el aeropuerto sine qua non para atraer a los clientes rusos o del Golfo, habituales de Marbella, el Saint- Tropez local.

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, dijo Ángel a principios de agosto que la venta podría tomar tiempo, pero que el estado estaba decidido a no seguir siendo el principal accionista de la propiedad. El gobierno asegura que estará atento al perfil del comprador para preservar las características únicas del lugar, y el desarrollo de negocios de turismo de lujo será principalmente en la tierra que se encuentra fuera del Parque Natural Alcornocales.

Pero los ambientalistas y autoridades locales, quienes se oponen a la venta, creen que las áreas naturales se verán afectadas si se privatizan. “Esperamos que la protección del parque será suficiente para detener los ataques contra este lugar único, pero el hecho de que 1.300 hectáreas están fuera del parque nos hace temer lo contrario”, dice Juan Casanova Correa, Alcalde de Castellar la Frontera, municipio de la Almoraima.

El ayuntamiento, gobernado por Izquierda Unida, dirigida por los comunistas, se unió a los ambientalistas locales y los sindicatos que representan a los cientos de personas que trabajan durante el año en el campo de la Almoraima para exigir una alternativa económica a este modelo.

Abogan por el desarrollo de la industria del corcho, la promoción de la agricultura ecológica y el turismo rural y la creación de un parque empresarial ” verde”. Se podría instalar una planta de biomasa, lo que generaría unos cincuenta puestos de trabajo adicionales.

URBANIZACIÓN DESENFRENADA

“Estamos de acuerdo en promover la zona, pero no queremos volver a la Edad Media y estar dominados por un nuevo amo”, dijo el alcalde. Nos centramos en la agricultura ecológica, la transformación de productos agrícolas, y, en definitiva , una visión más social, pública y ambiental del campo.” Sin embargo, reconoce que tiene pocas cartas para frenar el plan del gobierno y que habrá que negociar.

Hay otros proyectos polémicos, recalificaciones, en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Castilla -La Mancha, los bosques públicos en las reservas de caza privadas para facilitar las ventas.

Estas ventas suceden mientras el gobierno central ha aprobado una nueva y controvertida ley de costas. Aprobada en mayo con el único voto del Partido Popular. La nueva Ley de costa prohíbe cualquier nueva construcción en la costa española. Pero también legaliza la existencia de unas 125.000 viviendas y un millar de edificios comerciales e industriales construidos en los años 1990 y 2000 con un total desprecio a la ley.

Se reduce, por otra parte, de 100 a 20 metros el límite de protección del litoral costero y se deja en manos de los municipios endeudados -cuyos líderes a menudo son procesados ​​por corrupción- la decisión de si debe o no urbanizar áreas limítrofes, con un simple derecho al visto bueno para el Ministerio de Medio Ambiente.

El gobierno cree que esta ley era necesaria para poner orden en el caos, con muchos edificios sin permiso de construcción o sin las autorizaciones necesarias. Los ecologistas y la oposición, por su parte, ven la privatización de la costa como la apertura de una nueva fase para la especulación inmobiliaria y la urbanización desenfrenada.

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