Ecologistas en Acción, l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Enginyeria Sense Fronteres (ESF), Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte y el Col-lectiu Respostes a les Empreses Transnacionals (RETS) expresan su rechazo a la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (CIADI) de indemnizar a la multinacional española Abengoa por el impedimento al funcionamiento de un depósito de residuos peligrosos que pensaba instalar en México. La planta, situada cerca de un área protegida y a menos de 500 m de una población indígena, había recibido el rechazo masivo del municipio donde iba a ser localizada.

El gobierno mexicano ha reconocido recientemente que ha de indemnizar a Befesa, ex-filial de la multinacional energética Abengoa, por la negativa del municipio de Zimapám (estado de Hidalgo, México), a conceder la licencia de funcionamiento a un depósito de residuos peligrosos que se encontraba a 2 Km. de una Reserva Natural y a menos de 500m de una comunidad indígena hñahñü. El alcalde del municipio, haciendo uso de sus capacidades ejecutivas, decidió no conceder la licencia de operación del depósito tras las movilizaciones locales que alertaban de la peligrosidad de la planta y de las campañas nacionales e internacionales de apoyo a los lugareños.

Tras el impedimento de operación del depósito, el 22 de septiembre de 2009, la multinacional española, junto con la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) de propiedad estatal, demandó al país americano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (CIADI) que a su vez depende del Banco Mundial. La resolución del caso ha condenado a México a pagar un monto que se estima entre 42 y 45 millones de dólares, dinero que bien puede ser utilizado para fines sociales y ambientales.

Para las organizaciones firmantes esta resolución es un prueba más del poder que tienen las multinacionales sobre los derechos sociales y ambientales de las poblaciones locales al auspicio de la globalización neoliberal. La demanda se interpuso al amparo del tratado bilateral que firmaron el Estado español y el mexicano en 1995, que permite a las multinacionales interponer demandas a los países firmantes ante tribunales internacionales de arbitraje de dudosa transparencia y ecuanimidad como el CIADI1, obviando los cauces legales normales.

Este tipo de mecanismos, conocidos como Resolución de Disputas entre Inversores (extranjeros) y Estados, suelen estar incluidos en los Tratados Bilaterales de Inversión y en Tratados de Libre Comercio y han sido criticados por el hecho de que las resoluciones suelen fallar en favor de las multinacionales y de que su mera existencia supone una coacción hacia los países implicados para no mejorar la legislación ambiental y social.

El caso de la planta de residuos peligrosos de Zimapán es un ejemplo de ello. Abengoa, pese a haber ocultado datos sobre la peligrosidad de la planta y nunca haber consultado al municipio de Zimapán, ha tratado de coaccionar al municipio para llevar a cabo sus planes, mermando los derechos sociales y ambientales de su población. No es la primera vez que Abengoa utiliza este mecanismo. Tras la guerra del agua en Cochabamba, Bolivia, resultado del aumento desproporcionado de las tarifas, demandó a Bolivia ante el CIADI.

Más grave resulta que el gobierno español, a través de COFIDES, haya apoyado la demanda de Abengoa al CIADI, pues demuestra que su principal interés siguen siendo las multinacionales. En una época en que el sector público está sufriendo recortes y el ejecutivo español está utilizando recursos públicos en beneficio del lucro de un pequeño sector privilegiado. El dinero empleado en defender a Abengoa bien se podía haber utilizado en apoyar a lo servicios públicos en lugar de dedicarla a usurpar derechos ambientales y sociales a poblaciones de terceros países.

Por todo ello, las organizaciones firmantes se solidarizan en primer lugar con el Municipio de Zimapán, y el movimiento “Todos somos Zimapán” de resistencia a la planta de residuos peligrosos. A su vez insta a Befesa-Abengoa y a COFIDES a renunciar al dinero exigido por CIADI. Por último exige a los gobiernos mexicano y español que revoquen el Tratado Bilateral de Inversiones que firmaron ambos países en 1995.

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