Por Miguel Muñoz Ortega. Noticia publicada en latitud194 el 15 de enero de 2013

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“La Marca España lo que intenta es conjugar, potenciar, armonizar, todos aquellos activos que sirven para dar la imagen de un país”. Son palabras del ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, realizadas el pasado 13 de febrero de 2012. El ministro mencionó dentro de este concepto a la Casa Real, las Fuerzas Armadas y el servicio exterior diplomático como ejemplos concretos de agentes englobados en “nuestra marca”. También añadió a “nuestras empresas, que no sólo están compitiendo con las mejores, están desarrollando una labor educativa, de formación y humanitaria, de responsabilidad social corporativa en los países que están y contribuyen a la Marca España”. ¿Representan las empresas multinacionales con capital español nuestros intereses en otros países? ¿Sus prácticas e implantación concuerdan con los valores de los ciudadanos?  Proyectos como el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) se dedican a responder a éstas y otras muchas cuestiones.

“Todas las transnacionales tienen el principal objetivo de conseguir el máximo beneficio, recortando costes y aumentado beneficios. Dependiendo de dónde estén actuando, esto tiene unas consecuencia u otras”, señala Erika González, investigadora de OMAL. Esta lógica empresarial, que parece obvia para la teoría capitalista, lo que produce son determinados impactos en las comunidades, poblaciones y entorno medioambiental donde se instalan ciertas empresas. OMAL es una iniciativa que nace de la asociación Paz con  Dignidad y que tiene como objetivos documentar, investigar, denunciar y trabajar en red estas prácticas en el continente latinomericano. Por ello, muchos son los casos que han estudiado. Bolivia es un ejemplo paradigmático.

González identifica como una actitud de soberbia el proceso de entrada de todas las transnacionales en el territorio boliviano durante la década de los años 80. “Las grandes empresas entraron cuando se vendieron las empresas nacionales como la de hidrocarburos, podrían explotarlos y venderlos a precios internacionales. Con todo el proceso, no había una regulación, el pago de impuestos era absolutamente mínimo y las condiciones laborales no eran adecuadas”, resume la investigadora de OMAL. Por su parte, el economista e investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), Jesús Carrión, recuerda el papel de las instituciones financieras en aquellos momentos. “Eso está en los papeles oficiales del FMI, son las condiciones impuestas para que los países puedan tener la reducción de deuda. En estas privatizaciones lo único que se busca es el máximo atractivo para el inversor sin pensar en calidad de servicio”, afirma. Todo este sistema de entrada es analizado con exhaustividad en una de las publicaciones de OMAL, “Las multinacionales en Bolivia: de la desnacionalización al proceso de cambio”. Con este texto en la mano podemos recopilar las principales empresas españolas con presencia en aquél país: Repsol, Iberdrola, Red Eléctrica Española (recientemente expropiada), BBVA, Unión Fenosa, Aena, Albertis, Mapfre, Abengoa, Prisa o Banco Santander. “Entraron porque sabían que iban a tener el monopolio de una actividad y porque sabían que iban a obtener beneficios totales”, señala González.

Similares procesos se dieron en muchos países del continente, no sólo en Bolivia, y tras esta entrada masiva de transnacionales, éstas comenzaron a implantarse en determinados territorios controlando sectores clave en la vida de la población como telecomunicaciones, electricidad, banca, agua, etc. Y aquí empiezan los impactos, según denuncian diferentes investigaciones y asociaciones. “La principal palabra con la que puedo definir las prácticas de estas empresas es impunidad, la única garantía es ganar dinero”, destaca Carrión.  Para González, las transnacionales actúan a sabiendas de que no hay normas, o están deterioradas, no hay entidades que inspeccionen su actividad y en el caso de que se inicie algún juicio, lo tienen controlado.

Impactos directos

Muchas son las denuncias recopiladas en toda América Latina sobre ciertas prácticas de las transnacionales españolas. En 2010, el Tribunal Permanente de los Pueblos celebró en Madrid una serie de sesiones entre las que se presentaron, bien documentadas, hasta 14 casos concretos relacionados con la actividad de empresas españolas. Entre ellos, Repsol y su relación con las poblaciones indígenas de Perú, Bolivia o Argentina. OMAL recopila en su publicación 7 casos de denuncia de poblaciones indígenas contra esta empresa desde finales de los noventa hasta 2005, sólo en Bolivia. Las actividades de exploración y producción de Repsol YPF en el país afectan a 17 Tierras Comunitarias de Origen, es decir, territorios reconocidos legalmente para que poblaciones campesinas o indígenas desarrollen sus propios sistemas. Entre los impactos más frecuentes en este tipo de actuaciones se encuentran el deterioro ambiental, contaminación y desplazamientos de comunidades, entre otros. Según explican desde OMAL, estos impactos se han producido “no sólo por una explotación sin cortapisas ambientales o sociales, sino también por la reducida regulación ambiental y la permisividad estatal, que deja solas a las organizaciones indígenas frente a gigantes corporativos con un tremendo poder”.

Para encontrar un ejemplo concreto significativo que haya traspasado ciertas barreras mediáticas tenemos que viajar hasta Chile, donde la lucha de los movimientos sociales e indígenas se lleva contra las megarepresas hidroeléctricas encabezadas por la empresa española Endesa, ahora controlada por capital extranjero. Juan Pablo Orrego, ecologista  chileno y miembro del Consejo de Defensa de la Patagonia pone su punto de mira en finales de los años 80 para entender el origen de toda la problemática. Al igual que en el resto de países, la entrada de las transnacionales estuvo marcada por un proceso de privatización. “Durante la dictadura, oficiales de Pinochet crearon un consorcio que se llama Enersis, que aglomeró bajo un solo paraguas corporativo a la generación (a través de Endesa) la transmisión (a través de Transelec) y la distribución (a través de Chilectra). En el 89 privatizaron este consorcio entero y traspasaron todos los derechos de agua a esta nueva empresa a cero coste, sin pagar un centavo y sin ningún proceso democrático. Y lo que hacen en 1997 estas mismas autoridades de la dictadura es venderle el consorcio entero a España”, explica.

Integrantes de la campaña Patagonia Chilena Sin Represas./PatagoniaSinRepresas.cl

El Código de Agua chileno creado por Pinochet, según señala Orrego lo que hace es que en la práctica te entregan el monopolio de los ríos, del agua que fluye por los cauces y un derecho de ocupación. La empresa Endesa se aprovechó de estos privilegios establecidos por la legislación para construir en 1997, cuando todavía era empresa pública española, la central hidroeléctrica Ralco, en el río BioBío, uno de los más importantes del país. Inmediatamente, el pueblo mapuche-pehuenche, que allí vivía, se opuso por las consecuencias que tendría en su territorio. “Era la primera vez que se cuestionaban los proyectos hidroeléctricos en Chile. Antes, con la dictadura, difícilmente se podía hacer algo. Ahí hubo oposición y logramos canalizar a muchas organizaciones ambientalistas y organizaciones indígenas”, recuerda Orrego. Tras los procesos de negociación, finalmente la empresa logró negociar con la comunidad indígena. “Al final, 92 familias de 97 negociaron con Endesa, pero de forma pésima, poco dinero y unas cuentas hectáreas. No pudimos contrarrestar esta caída de la resistencia de las familia”, afirma el ecologista.

Ya en 2004 se comenzó a inundar el valle de Ralco para construir la central. Hoy,  Orrego no duda en señalar lo “fúnebre” y lo “tétrico” del territorio. “El mundo pehuenche fue desintegrado, casi aniquilado, el alcoholismo reina y se vieron obligados a desplazarse. Es un desastre socioambiental total”, afirma rotundamente el ecologista. Además, en la actualidad, hay que tener en cuenta que esta zona posee la tasa más alta de suicidios del país, triplicando el ratio nacional, cifras que comenzaron a subir tras la construcción de la central hidroeléctrica. Orrego nos apunta que esta comunidad es de las más pobres del país y que pagan las tasas de electricidad más altas. “Debido a las leyes perversas del mercado la energía no es más barata donde se genera, sino dónde hay más demanda”, explica, añadiendo que “es un mecanismo para que Santiago (capital del país) siga creciendo, chupamos las tarifas más bajas gracias a la explotación de BioBío”.

Otro factor señalado por Orrego es el turismo, que para él está acabado en esa zona. “Están haciendo una especie de etnoturismo ridículo, porque nadie quiere venir a mirar un río destruido. El embalse de Ralco tiene un embalse de fluctuación de 35 a 33 metros de alto, son como 1.400 hectáreas que están desnudándose según la actividad de las centrales. Es un embalse lavatorio, es un espectáculo dantesco”, señala.

Pero el conflicto con los pueblos indígenas y Endesa en Chile no acaba aquí. En la Patagonia, la empresa Hidroaysen, sociedad constituida por Colbún y Endesa- Chile, proyectó la construcción, en 2009, de cinco presas hidroeléctricas y un tendido de alta tensión. La campaña en contra de este proyecto saltó a la luz pública, no sólo en Chile sino también en España, gracias a la presión de la organización GreenPeace. “La campaña en la Patagonia ha sido emblemática, el rechazo es casi de un 70%, la ciudadanía está muy concienciada, pero tenemos un problema terrible con las instituciones de justicia que están totalmente cooptadas. Hemos logrado que los chilenos sepan que existe la Patagonia, que se revalorice la zona como valor ambiental y cultural, y hemos logrado demostrar que es un proyecto completamente innecesario desde el punto de vista energético y se basa en el hecho de que ellos tienen los ríos y los quieren usar hasta la última gota”, explica Orrego. “Nos parece una aberración en términos ecológicos, tanto las presas como el tendido eléctrico en el sentido de que es una de las últimas zonas prácticamente vírgenes del mundo. Se destruiría el modo de vida de comunidades locales basado en la agricultura y la ecología sostenible y desplazaría a comunidades indígenas para abrir paso a ese tendido”, señalaba Mabel Bustelo, portavoz de GreenPeace, en el año 2010.

Pese a esta campaña, finalmente en 2011 se autorizó la construcción de las represas solas, sin las líneas de transmisión, y el pasado mes de abril, la Corte Suprema chilena rechazó por un estrecho margen de diferencia en las votaciones, todos los recursos interpuestos al proyecto. Pese a ello, Orrego ve que la lucha continuará. “Las manifestaciones tienen una gran capacidad catalizadora. Y se produce porque hemos criticado HydroAyssen como un síntoma de una enfermedad que tiene Chile: el modelo ultraliberal, con leyes específicas que permiten la captura de derechos corporativos sobre los recursos naturales”.

Recortes en servicios

Según los casos investigados, no sólo las transnacionales pueden causar problemas medioambientales o de desplazamiento de comunidades. Jesús Carrión, dentro del ODG, presentó un extenso informe en 2011 sobre la actividad de Unión Fenosa en países como Nicaragua, Colombia y Guatemala bajo el título “La Ir-Responsabilidad de Unión Fenosa”. En él aborda diferentes cuestiones, pero el investigador lo resume en “toda una serie de prácticas canallescas sobre cómo cobran o cómo chantajean a la población”. “La gente que vive en un poblado, para poner una demanda a Fenosa tienen que perder un día de trabajo y encima no tienen asistencia legal en este tipo de casos.”, explica.

Otro foco importante que pretenden alumbrar este tipo de investigaciones es cómo se proporciona el servicio a la población. “Como a Unión Fenosa no le salen las cuentas, pues se corta la luz, no pueden subir las tarifas y se corta el servicio varias horas al día. Entonces hay comercios que tienen que cerrar, reducir los horarios, irse a otras zonas, etc. Son muchos problemas, explica Carrión. De nuevo, aquí se apunta como el origen a esta problemática, al proceso de entrada de la empresa en los países. “La irresponsabilidad con la que actuaron los gobiernos de Chamorro, Alemán y Bolaños, que aplicaron con gran diligencia las recetas  dictadas por las IFI’s, firmando contratos que favorecían a grupos económicos empresariales nicaragüenses vinculados a la propia clase política y grupos económicos  internacionales”, apunta el informe del ODG.

Hay otro foco importante que García quiere destacar, el hecho del que el servicio no llegue a muchas zonas rurales. En el caso de Nicaragua, el investigador recuerda una entrevista con el presidente de la empresa española en aquel país. “Él reconocía la falta de inversión en las zonas rurales, porque no les sale rentable y sí deberían estar haciéndolo por contrato.”, explica. . “Lo más interesante de lo que él dice es que si el 9% de la población te pone reclamaciones es lo normal. Si contamos además los índices de alfabetización, imagínate qué supone que un 9% te haya puesto una reclamación”, añade.

Respecto a Guatemala, el ODG relata que desde finales de 2009 se produjo una escalada de acosos, ataques y asesinatos en las comunidades que contaban con activistas que denunciaban las prácticas de la empresa en San Marcos. “Si bien no se ha podido demostrar una responsabilidad directa de Unión Fenosa en los hechos, las personas asesinadas tenían todas en común  el hecho de ser dirigentes comunitarios opositores a los  abusos de Unión Fenosa. La mayoría de ellos formaban  parte del Frente de Defensa de los Recursos Naturales”, explica el informe. Por este motivo concreto, cerca de 300 organizaciones realizaron una carta denunciando la situación y en la que pedían responsabilidad tanto a la empresa como a las administraciones públicas. “La respuesta de la responsable de RSC fue completamente agresiva, bien es verdad que nos plantamos en las oficinas sin pedir hora ni nada, pero todo muy pacífico. Bajó la responsable y nos tildó de demagógicos. No nos hicieron ni caso, pero tenemos la certeza de que la carta llegó al Gobierno, llegó a La Caixa (accionista en Unión Fenosa). No hicieron nada pero fue un tema que preocupó mucho”, recuerda Carrión.

Por su parte, en Colombia, uno  de los impactos más graves es la identificación de un  número aproximado de 150 casos de personas electrocutadas como consecuencia de su irresponsable política empresarial”, explica el informe. Según se explica, dichas muertes ocurren por: el mal  funcionamiento de los transformadores de energía, la falta de mantenimiento y adecuación de las redes  eléctricas y el mantenimiento tardío e insuficiente. Otros problemas que afectan a estos países señalados son la persecución sindical, la contaminación ambiental, las altas tasas por el servicio y la falta de garantías laborales, además de los ya señalados cortes en el servicio.

Operarios trabajan para arreglar el tendido eléctrico, Nicaragua./ODG

El Salvador y las condiciones laborales

Precisamente la lucha del Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL),  una organización sin fines de lucro que trabaja con organizaciones sindicales y grupos de trabajadores en El Salvador, se centra en analizar las condiciones laborales de ciertas empresas, y en el caso necesario, denunciarlas. Gilberto García, integrante de CEAL, nos relata un conflicto con la empresa Calvo. “Básicamente el conflicto empezó en el año 2007, cuando se inició un proceso de denuncias y quejas por parte de los trabajadores. Intentamos establecer una comunicación con la empresa para tratar de resolver estas cuestiones de la mejor manera, pero hubo  muchas posiciones negativas por parte de la empresa, se despidieron a muchos dirigentes sindicales de la organización que se estaba conformando, y posteriormente ellos trataron de tapar esos despidos pagando indemnizaciones”.

El origen del problema se basa principalmente en que la empresa había conformado un sindicato bajo control patronal inmediatamente después que se conformara el sindicato obrero. “Había una gran cantidad de beneficio para este sindicato, incluyendo casi el permiso de afiliar de manera forzosa a trabajadores nuevos”, destaca el salvadoreño. Los problemas denunciados en años pasados se han mejorado desde 2009, según cuenta García, aunque siguen persistiendo de forma más leve. “El sindicato obrero sigue teniendo marginación, no tienen un local, ni siquiera un tablón para informar, mientras que el sindicato patronal si tiene una oficina dentro de la planta. Ese tipo de cosas siguen siendo bastantes desiguales, explica.

Como es tónica habitual, García hace referencia a la entrada de la empresa en su país. “Ellos se han instalado aquí gracias a un acuerdo comercial, pero uno de los condicionantes es la libertad y los derechos sindicales. Por eso, cuando hablamos con la gente de Calvo es importante, porque las organizaciones sindicales y sociedad civil tienen una exigencia mayor hacia esta empresa”. Durante el proceso de lucha y movilización de estos años, CEAL ha contado con la colaboración de sindicatos europeos como CC.OO a la hora de intermediar con la empresa o de presentar las reclamaciones legales pertinentes. Sin embargo, García señala como hecho destacado el empoderamiento de los propios trabajadores para que conozcan sus derechos. “Hay que decir que la gente que trabaja en Calvo proviene de zonas muy humildes, donde hay mucha pobreza y necesidad. Entonces es muy fácil que los empresarios puedan generar una especie de chantaje social, porque tienen tanta necesidad que se puede dar una situación de manipulación de que si estas personas se quejan pueden perder el empleo. Y en esa región no hay más empleos. Calvo para muchas de estas personas ha sido la primera experiencia industrial después de vivir en comunidades rurales”, relata el integrante de CEAL.

Gilberto García y la organización a la que pertenece no se enfrentan sólo a problemas con Calvo, sino que ahora tienen una campaña abierta contra la empresa de telecomunicaciones Atento, filial de Telefónica en El Salvador. “Atento presume de ser el mejor lugar para trabajar en la región, tiene una campaña muy agresiva de autopromoción pero dentro del mercado de callcenters es conocida por los trabajadores como la empresa que tiene peores condiciones de trabajo, peores salarios y donde el trato es más abusivo y se tienen menos posibilidades de desarrollarse como personas”, afirma con contundencia García. Con un perfil de trabajadores jóvenes, muchos de ellos en su primera experiencia laboral, los problemas detectados por CEAL son los siguientes: estrés, salud, higiene, problema con el aire acondicionado, las alfombras, los auriculares (no tienen sus propios, con lo que comparten) hay infecciones respiratorias, etc. “Les dicen a los trabajadores que tienen que trabajar 6 horas, pero que cuando hay saturación de llamadas tienen que quedarse más y hacer horas extras de manera casi forzosa. También ocurre al revés, cuando hay poco trabajo se les dice que no vayan y ese día lo pierden. Hay una desregulación muy grave, tampoco se les permite la organización sindical”, explica García. CEAL ayudó hace dos años a la creación de un sindicato, hecho que significó el despido de sus integrantes. “Hasta el día de ahora, a pesar de tener un dictamen favorable del Ministerio de Trabajo, la empresa se ha negado a devolverlos a sus puestos”, apunta.

Otro caso que llama poderosamente la atención es la cobertura médica a mujeres embarazadas. CEAL ha recopilado varios casos de trabajadoras a las que la empresa no les ha permitido obtener atención sanitaria necesaria para su estado. Incluso una trabajadora tuvo un aborto ya que se le obligó a mantenerse en su puesto de trabajo y luego perdió al niño. Así lo cuenta la propia afectada en un documento audiovisual realizado por CEAL y que todavía no han decidido si sacar a la luz pública (sí visionado para este reportaje) por miedo a represalias.

Desde CEAL se presentó una queja formal a la Organización Internacional del Trabajo por estas violaciones de derechos laborales. Además, el Ministerio de Trabajo salvadoreño dirigió un escrito al presidente de Telefónica, César Alierta, urgiendo que reincorporara a los directivos sindicales. La empresa nunca atendió esta llamada, afirma García. Por último, para el integrante de CEAL es importante señalar algunos aspectos globales en la expansión de esta empresa española. “Telefónica todos los años aumenta el nivel de capital que está repatriando de América Latina para resolver los problemas que tienen en España. Las finanzas de la empresa vienen de la repatriación de capital y menos por el servicio. Entonces, cada vez se están cerrando más puestos de trabajo, y esos puestos los trae a América Latina, pero con condiciones deplorables y violando las leyes que se respetan en España”, concluye.

Protesta de trabajadores salvadoreños frente a la sede de Telefónica, año 2010 ./CEAL

Papel de los Gobiernos

Papel de los Gobiernos

El ministro de Exteriores español también ha mencionado recientemente el concepto de diplomacia comercial, básicamente el apoyo institucional a las empresas españolas en el exterior, hecho que se puso de manifiesto recientemente tras la expropiación de YPF en Argentina. Ante esta papel gubernamental, el investigador de ODG Jesús Carrión señala que “lo que nos encontramos es como el Gobierno español utiliza todos los mecanismos diplomáticos en el conflicto que se genera entre Unión Fenosa y el aparato judicial y gubernamental de Nicaragua, como apoyan sin fisuras a la empresa sin plantearse que puedan estar vulnerando los derechos humanos en el país”. Desde OMAL señalan la influencia ideológica neoliberal presente en el sistema. “Existe la teoría, sustentada por las escuelas neoliberales y los gobiernos,  por las cual la internacionalización de la empresa y la obtención de muchos beneficios fuera de las fronteras españolas, es decir, un crecimiento de beneficios produce un incremento del PIB español y por tanto la mejora de las condiciones socioeconómicas en el país”. Este hecho es cuestionable, según afirma Erika González, que lo ejemplifica con Telefónica, de la que hablábamos anteriormente. La empresa tuvo en 2010 unos beneficios declarados de más de 10.000 millones de euros, mientras que al año siguiente anunció un recorte de un 20% de la plantilla. “Decían que así eran más competitivos”, afirma González.

Ya desde la instalación de estas empresas el apoyo fue evidente, explican desde OMAL. “Desde ese momento, los gobiernos pusieron a disposición de las empresas mecanismos para la internacionalización, exenciones fiscales, créditos blandos, a través de los créditos FAD y la puesta a disposición de un aparato diplomático que empezada con la monarquía y seguía con ministros, diplomáticos, etc. A ellos les tocaba abrirles mercado y si había algún conflicto, negociar directamente con las autoridades locales”, cuenta González.

La investigadora va más allá en la relación entre gobierno y empresas, las denominadas “puertas giratorias”. “Tienen un reflejo muy claro como una parte importante del gobierno de Rajoy vienen de la gran empresa. Y también pasa al contrario, con las salidas de políticos hacia empresas privadas. Por tanto, los intereses son los mismos, sales de un sitio y entras en el otro”, destaca González.

Es inevitable, por la actualidad informativa del hecho en sí, cuestionar a los entrevistados sobre la valoración de la reacción institucional al proceso de expropiación de YPF por el Gobierno de Cristina Fernández. “Cuando existen estos episodios,  hay que recordar que es legal la expropiación y  hay un derecho internacional de  soberanía”, señala González. Por su parte, Carrión es más incisivo y comenta que le da vergüenza ajena. “¿Eso es nuestro?, eso es de las oligarquías que tienen el poder. Además, que de españolas tienen poco, poseen mucho capital internacional. No son mis empresas”.

Todos estos casos, sentimientos y opiniones son sólo una muestra de lo que podría denominarse como la otra cara de la Marca España.Hay mucho más.

Respuesta de empresas

Desde este medio de comunicación, nos hemos intentado poner en contacto con las empresas mencionadas sin obtener respuestas.

TPP

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es una instancia ética que lleva varias décadas dando voz a procesos de denuncia que no llegan a poder enjuiciarse mediante los mecanismos habituales. Durante los pasados 14, 15, 16 y 17 de mayo de 2010 se celebró en Madrid la última edición de esta estructura social con motivo de la V Cumbre de los Pueblos.

Creado oficialmente por iniciativa del senador italiano Lelio Basso en 1979, tiene como antecedente al Tribunal Russel, establecido en 1966 para investigar y evaluar las acciones de EEUU durante la Guerra de Vietnam. Tras el éxito social que supuso aquel organismo, la Fundación Internacional Lelio Basso por los Derechos y la Liberación de los Pueblos crea el TPP, como estructura permanente y vocación itinerante en la ciudad de Bolonia (Italia). Hasta la actualidad se ha reunido en más de 40 ocasiones para juzgar hechos tan diversos como situaciones de genocidio o crímenes ecológicos. En 2006 se celebró en Viena la primera sesión temática bajo el sobrenombre de “Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe”, en la que se presentaron las primeras denuncias contra ciertas multinacionales que participaban en los sectores de servicios, infraestructuras, energías o telecomunicaciones, entre otros. La segunda sesión tuvo lugar en Lima, en el año 2008, y se involucraban ya como responsables ciertos Estados de la Unión Europea. La IV Cumbre de los Pueblos, “Enlazando Alternativas” acogió la culminación de este eje temático para el TPP. Se pretendía destacar y demostrar la complicidad de la UE y las políticas de los propios estados en estas violaciones de los derechos humanos en la zona.

Tribunal Permanente de los Pueblos celebrado en Madrid en 2010./TransnationalInstitute

Nota del autor: Este texto está escrito durante el mes de mayo de 2012. Por diversas circunstancias no ha visto la luz hasta este momento, enero de 2013. Disculpas a los entrevistados y a los lectores por las posibles desactualizaciones en algunos datos.

Puedes encontrar más información en http://www.omal.info , http://www.odg.cat, http://www.enlazandoalternativas.org, http://rets.cat  y http://www.tni.org

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