- Para leer la sentencia completa pinchar en este enlace: http://omal.info/IMG/pdf/declaracion_final.pdf
- Para leer la noticia en la web pinchar en este enlace: http://omal.info/spip.php?article4788

Acusación

La audiencia ha constatado, a través de los casos de las multinacionales españolas en América Latina, las mineras en Perú y las inversiones extranjeras en Centroamérica, cómo los grandes beneficios de las empresas transnacionales han estado asociados al deterioro de la calidad de vida y la dignidad de la población y han generado graves impactos sobre:

1) Los derechos laborales: la entrada de transnacionales españolas en América Latina ha tenido como consecuencia numerosos despidos, como lo demuestra la entrada de los grandes bancos españoles en Colombia. Por ejemplo, en 1997 el Santander tenía 4.400 empleados en su filial colombiana y siete años después ya sólo disponía de 950 trabajadores en plantilla. Esta misma situación se ha dado con la llegada de Iberdrola a Bolivia, de Repsol a Argentina y de Telefónica a Perú. El avance de las transnacionales ha agravado la precarización de las condiciones de trabajo, los bajos salarios, la subcontratación masiva y la discriminación en el trato a las mujeres. En Centroamérica, esto explica que el 72,8% de la población no tiene cobertura de seguridad social y el 24,5% no tiene ni siquiera cobertura de los servicios de salud. Además se vulnera sistemáticamente el derecho a la libertad sindical.

2) El medio ambiente: la actividad de las multinacionales, especialmente aquellas de los sectores de la energía y minería, han generado un fuerte deterioro ambiental. Destacan dos ejemplos: Repsol ha sido denunciada por contaminar el territorio mapuche en Argentina y por operar en el Parque Nacional Yasuni (Ecuador), zona declarada reserva de la biosfera e Iberdrola participa en el proyecto Belo Monte en Brasil (a través de Neoenergía) y en la construcción de megacampos eólicos en el Istmo de Tehuantepec (México) violando los derechos de los pueblos indígenas. Los impactos de la industria extractiva están siendo especialmente graves, en Perú la minería ocupa más del 17% de su territorio y, por lo tanto, numerosos ecosistemas de gran valor aparecen hoy en día fuertemente presionados por la expansión minera ya sean páramos, sistemas de lagunas, nacimiento de ríos, etc. Además, el 64% de los conflictos socioambientales que tienen lugar en el país andino están causados por las transnacionales mineras.

3) Los derechos de los pueblos indígenas: los grandes proyectos energéticos y de infraestructura destruyen los territorios indígenas y generan desplazamiento. La asimetría de poder hace que se viole de forma sistemática el derecho a la consulta previa, libre e informada contemplada en el Convenio 169 de la OIT en los diferentes países donde se extraen hidrocarburos, minerales y electricidad. El gobierno de Perú afirmó que la ley de consulta “implica el riesgo de retrasar o detener el desarrollo del país”, contraponiendo así los derechos de los pueblos indígenas con un supuesto interés nacional. El situar la explotación de recursos naturales, situados en territorios indígenas, como una cuestión de interés general ampara los impactos de las transnacionales extractivas en esta población. Por ejemplo, la actividad de Repsol ha afectado a los pueblos ashaninka y shipibo en Perú, al pueblo mapuche en Argentina y hasta 17 resguardos indígenas en Bolivia.

4) Los derechos sociales: la deficiente gestión del servicio eléctrico que empresas como, por ejemplo, Unión Fenosa han hecho en diferentes países de América Latina han vulnerado los derechos económicos, sociales y culturales de la población más vulnerable. En Guatemala, Nicaragua y Colombia esta multinacional española ha sido denunciada por sobrefacturación, cortes masivos de luz, racionamientos, carencia de atención en las zonas rurales, apagones y electrocuciones. En consecuencia un amplio sector de la población ha visto limitado su derecho al acceso de bienes básicos para una vida digna como son el agua potable y la electricidad.

5) Los derechos civiles y políticos: las comunidades opositoras a las operaciones de las transnacionales son frecuentemente reprimidas por la fuerza pública o por milicias paramilitares. La represión se traduce en amenazas a la integridad física de las comunidades y del personal trabajador que llega, en ocasiones, a materializarse en torturas, desapariciones y asesinatos. Es lo que ha sucedido con diferentes líderes comunitarios colombianos de las regiones de Arauca y del Valle del Cauca que se oponían, respectivamente, a las actividades de Repsol y Unión Fenosa. También ha ocurrido con líderes indígenas en Oaxaca frente a los megacampos eólicos y con los líderes sindicales, campesinos e indígenas que han protestado contra Unión Fenosa e Hidralia Energía en Guatemala.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

Connecting to %s