Por Inés Marco

La represión contra los movimientos sociales en América Latina está agravándose en los últimos meses. En una ola de detenciones en varios países, los derechos de los activistas están siendo vulnerados, y la potencia y capacidad de resistencia de las luchas de los pueblos se ha visto muy afectada. La connivencia de las fuerzas de seguridad de los estados, que en muchos casos son las responsables de las detenciones y lesiones de los ciudadanos, pone en evidencia que los defensores de los derechos humanos se enfrentan a una fuerza muy superior, tanto por la capacidad de ejercer la violencia como por la capacidad de iniciar procesos legales contra los activistas.

Los derechos comerciales y de inversión se enfrentan de forma brutal con los derechos humanos, y aquellas inversiones que destruyen los medios de vida de los habitantes deben considerarse como un delito económico, porque supone la muerte de una cultura, de una forma de vida, y condena a los habitantes a desplazarse y a una vida precaria. Las ETN son las responsables en muchos casos de los proyectos que atentan contra la vida de las personas. Sus intereses en América Latina se han centrado históricamente en el expolio de los recursos de la zona. La minería en una de las actividades que más afecta a las comunidades de la zona, cuando muchos de los procesos de extracción suponen un deterioro de la calidad del agua, y el uso masivo de este recurso por parte de las ETN. La minería de oro es una de las principales contaminadoras del agua, al utilizar elementos tóxicos durante el proceso de extracción. Las personas que han informado y denunciado los daños que sufren tanto el territorio como los habitantes son perseguidos, ya que suponen una amenaza para las empresas que extraen esos recursos, y por los que obtienen beneficios millonarios, así como por las clases dirigentes del país, que tienen intereses vinculados a la explotación.

Los proyectos hidroeléctricos, que han encontrado en América Latina uno de los territorios con las condiciones naturales más favorables, son otro de los focos de tensión y violencia en el continente. Proyectos como el de Belo Monte (Brasil), el Complejo Hidroeléctrico del Río Madera (Brasil-Bolivia) o Aysén (Chile) demuestran que en todos los casos hay oposición de los habitantes y de las organizaciones indígenas, campesinas, ambientalistas y de defensa de los derechos humanos, a pesar de lo cual los proyectos se han llevado a cabo. Los impactos económicos y sociales de los proyectos hidroeléctricos incluyen la inundación de zonas habitadas y zonas de cultivo, la pérdida de fauna acuática, la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad por inundación de territorios, el aumento de la propagación de enfermedades infecciosas por aguas estancadas y el deterioro o destrucción de las fuentes de supervivencia de los habitantes, muchos de ellos dedicados a la pesca para la alimentación familiar (1). Estos impactos tienen un coste social superior a los beneficios económicos. Los proyectos responden a intereses de las clases capitalistas, destinándose la energía generada al desarrollo de grandes proyectos alejados de las zonas impactadas, y permitiendo a través de la navegabilidad de los ríos el transporte de mercancías entre puntos alejados. Las consecuencias de los proyectos hidroeléctricos perjudican a las personas que habitan los territorios, pero benefician a las élites económicas del país y del Norte Global. Ante esta situación, los pueblos indígenas y afectados realizan protestas pacíficas y activas para la protección de sus derechos, ante lo cual las autoridades y los servicios de seguridad privada de las ETN responden con el aumento de la violencia contra las comunidades, la judicialización de los activistas implicados y la defensa de los intereses económicos de las élites mundiales.

La respuesta de los pueblos afectados, con el respaldo de la legislación internacional vigente, ha sido denunciar de forma pacífica las vulneraciones de derecho por parte de los Estados y las ETN. De forma permanente, la respuesta recibida ha sido la violencia física y legal. A pesar de que las constituciones nacionales declaran que el papel de los estados es defender los derechos de las personas, observamos como hoy en Cajamarca y El Quimbo, entre muchos otros, el Estado es el agresor. Es por eso que, ante la ideología del libre mercado, que supone una no implicación de los Estados en los negocios, afirmamos que los Estados tienen un papel principal a la hora de garantizar las inversiones de las ETN a través de la fuerza. Los Estados no tienen capacidad ni voluntad de garantizar los derechos humanos, pero sí la tienen para garantizar los derechos de propiedad y de inversión de las ETN.

La inexistencia de un organismo jurídico internacional para condenar las violaciones de derechos de las ETN, supone un vacío legal y una enorme oportunidad para que las ETN queden impunes, y para que constantemente se repitan sucesos de este tipo. En los casos relatados durante este artículo, los derechos violados son Derechos fundamentales, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DHDH), que junto a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (PIDH) forma la Carta Internacional de los Derechos Humanos. El artículo 3 de la DUDH dispone que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Todos los Estados a los que nos hemos referido, Brasil, Colombia, Guatemala y Perú, han firmado los PIDH, por lo que están obligados a cumplirlos. Éstos, a su vez, han ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo artículo 6 dispone que los pueblos deben ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. La legislación internacional, por lo tanto, es permanentemente violada, y los agentes que la violan permanecen impunes. Tanto la DUDH como el Convenio 160 de la OIT son considerados, por muchos juristas reconocidos, como Derecho Blando (2), es decir que son leyes que nos son garantizadas por ningún agente. Además, no existe un organismo jurídico internacional que tenga capacidad para juzgar dichas violaciones, así como el Tribunal Internacional de La Haya no tiene capacidad para juzgar a una persona jurídica, como son las ETNs. En contraposición, los derechos económicos de las ETN, especialmente el derecho a la propiedad, es intensamente vigilado, y sancionados aquellos que lo vulneren. Esta asimetría legal permanece, y algunas campañas como la recién iniciada “Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la impunidad” (3) pretende modificar el statu quo. Mientras tanto, la situación de los activistas es de extrema vulnerabilidad, y como hemos constatado se deteriora a medida que transcurre el tiempo.

Bibliografía

¹ http://www.odg.cat/documents/publicacions/InformeODG_Madera_Web_CAST.pdf

² http://www.stopcorporateimpunity.org/

³ http://www.odg.cat/documents/formacio/J_Hernandez2.pdf

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