Fuente: Rosa Rojas – Periódico La Jornada, Domingo 15 de enero de 2012, p. 2
Juchitán, Oax. Los más de 500 aerogeneradores que erizan el paisaje en miles de hectáreas al sur del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, desde La Ventosa hasta Santo Domingo Ingenio, se han cimentado en el engaño, la mentira y la violación de derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo que constituye la cara sucia de la energía limpia: la eólica, producida por la fuerza del viento en la región, la cual es considerada una de las de mayor potencial del mundo en la materia.
Así lo expresaron a La Jornada –por separado– integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (Apiitdtt), autoridades agrarias, ejidatarios o comuneros y propietarios de tierras en San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, La Venta, Unión Hidalgo, San Blas Atempa, Juchitán e Ixtepec, y las organizaciones sociales Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), que acompañan los movimientos de resistencia al Corredor Eoloeléctrico del Istmo (CEI).
La importancia de la eoloelectricidad se ha acrecentado ante la grave problemática del cambio climático, más aún después del desastre de la central nuclear de Fukushima, en Japón, lo que refuerza el valor estratégico de la región del istmo de Tehuantepec, históricamente codiciada por diversas potencias, especialmente Estados Unidos.

A diferencia de lo ocurrido a Pemex en España, donde con una bien calculada campaña mediática en defensa de la españolidad de Repsol se evitó que la paraestatal mexicana tuviera mayor peso en el gobierno corporativo de ese gigante energético, en el istmo de Tehuantepec campean por sus reales las trasnacionales ibéricas.

Así, Acciona, Iberdrola, Gamesa, Unión Fenosa, Renovalia Energy o Grupo Preneal no sólo hegemonizan el desarrollo de la industria eoloeléctrica en la región –de 34 centrales programadas para construirse en Oaxaca han desarrollado o tienen asignadas 20–, sino que ejercen control territorial mediante la firma de contratos leoninos a 30 años, renovables automáticamente por otros 30, con los dueños de las tierras, principalmente zapotecas e ikoots (huaves), lo que en la práctica les significa la pérdida de sus terrenos.

Bettina Cruz y Maribel González, de la Apiitdtt; Emir Gallegos Celaya, de San Dionisio Pueblo Viejo; Alejo Girón, de La Venta; Francisco Salud Bautista, de San Blas Atempa; Guadalupe Rodríguez, Jesús Aquino, Juan Regalado, Míriam Zárate y Carlos Manzo, de Unión Hidalgo, así como integrantes de Prodesc y Poder, coincidieron en que dichos contratos se firmaron sin suficiente información, en castellano, sin un traductor ni un asesor de su elección, con presiones, y en todos los casos sin un proceso de consulta previa, libre e informada, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y ahora la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.

Eso constituye –plantearon con matices– una abierta violación a derechos colectivos de los pueblos indígenas, ya que se presionó a los propietarios casa por casa, a veces por la noche y hasta en días festivos, con contratos de apartado, de usufructo y de operación, redactados en forma confusa, en lenguaje técnico y ofreciéndoles mil pesos por su firma.

Maribel González, asesora legal de la Apiitdtt, explicó que dichas empresas tienen contratos casi con las mismas cláusulas. En ellos el propietario arrienda a la empresa sus terrenos para construir un parque eólico con aerogeneradores, torres de medición y de transmisión, caminos, cableado, subestaciones, etcétera, otorgando derecho de paso a la misma.

En el contrato de Demex –filial de Renovalia– con un propietario de Unión Hidalgo, la empresa especifica que será la única parte que tendrá derecho a la construcción, operación y venta de la energía eléctrica, bonos verdes y otros beneficios derivados de su operación en los terrenos.

No se establece relación laboral alguna, pero el propietario se obliga a dar aviso de inmediato a la empresa si hubiera daños a las instalaciones, causados tanto por personas como por la naturaleza, con lo que pasa a ser empleado, vigilante, de a gratis.

Se compromete también a no instalar obstáculos, materiales o animales, que impidan la operación de los generadores, aunque podrá hacer el uso acostumbrado de sus terrenos o cualquier tipo de construcciones o mejoras –previa solicitud de autorización a la empresa por escrito–, siempre que no interfieran en las instalaciones, no obstaculicen ni obstruyan las corrientes de viento o el paso a los terrenos, ni sean incompatibles con el uso que la empresa pretende darle a éstos.

La firma pagará –previo avalúo económico– alguna afectación que por sus obras se produzca en relación con el ganado, siembra, árboles, pozos y corrales.

Nada garantiza que cumplan

A la terminación del contrato, la empresa se compromete a restablecer la calidad del suelo ocupado y retirar todas las estructuras y equipo que pudieran impedir las actividades que el propietario venga desarrollando. Aquí –apunta González– no se establece una fianza para garantizar dicho compromiso.

La empresa pagará al propietario 5 mil pesos al año por la instalación de cada torre para la medición del viento. En tanto no entre en operación comercial el parque eólico, pagará 250 pesos anuales de renta por hectárea a los que tengan más de 4, y mil pesos a quienes tengan menos; 15 mil pesos anuales por cada aerogenerador ubicado en el terreno y 10 mil pesos por hectárea de caminos.

A partir de la operación comercial del parque, la empresa pagará –únicamente a los propietarios de terrenos ubicados dentro de éste– la cantidad que resulte de dividir el 1.5 por ciento del total de ingresos brutos derivados de la generación de energía de la central, entre el número total de hectáreas del área. González indicó que si son 900 hectáreas, ese 1.5 por ciento se va a dividir entre 900, y nunca dice el contrato cómo se va a conocer cuáles fueron las ganancias.

Explicó que en 2008, cuando iniciaron la lucha en Juchitán por anular cientos de contratos firmados con Unión Fenosa y Endesa –lograron que las empresas rescindieran voluntariamente casi 250– la Apiitdtt consiguió el anexo de restricciones de los contratos, en los que se especifica que los dueños no podrán hacer pozos ni construcciones de más de metro y medio de alto, ni sembrar árboles que excedan ese nivel ni excavar.

La redacción del contrato es engañosa, porque dice que se pagará 10 mil pesos por hectárea de afectación por un camino, pero si éste afecta cinco metros de ancho por 20 de largo, le pagan sólo el equivalente a ese cachito.

Si eso lo explicaran a los compañeros, difícilmente firmarían el contrato, porque es más lo que ponen en riesgo que lo que ganan; el daño que dejan en las tierras es muy grande y la afectación ambiental también, afirmó.

Por su parte, Fernando Ballester, director de la empresa Demex, negó –vía telefónica– que el contrato citado sea leonino, subrayando que son condiciones de mercado. Respecto de la falta de consulta, aseveró que durante años han estado en Unión Hidalgo explicando a las personas el contrato, en castellano y zapoteco, para llegar a un acuerdo, porque no es una imposición de una de las partes.

Aseveró que la rentabilidad que puede tener esta gente por rentar su predio a un proyecto eólico en las condiciones que ha ofrecido la empresa es mucho mayor a cualquiera que pueda usted pensar en una operación financiera habitual.

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