Juan Hernández Zubizarreta

Martes 24 de marzo de 2009, por Revista Pueblos

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha dictado una orden de detención contra un presidente en activo, el sudanés Omar al Bashir. Se le acusa de cinco cargos de lesa humanidad (asesinato, deportación forzosa, violación, tortura y exterminio) y dos por crímenes de guerra (ataques directos e intencionados y saqueos contra la población civil). Desde el 2003 son más de 300.000 los muertos, otros tantos refugiados y refugiadas en Chad y República Centroafricana y cerca de tres millones de desplazados. El TPI suma esta orden de detención a las de arresto, de mayo de 2007, contra Ahmed Haroun (ex ministro de interior) y Ali Kusha, supuesto líder de la milicia janjaweed aliada del gobierno de Jartum.

Para organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional y Human Rigth Watch, la decisión ha sido de vital importancia en la lucha contra la impunidad. Es más, abogan por la detención del político sudanés, ya que la justicia no se puede negociar. A su vez, son ya más de diez organizaciones presentes en Sudán que han sido expulsadas por el gobierno en represalia a la orden de detención. Miles de personas quedarán sin la ayuda humanitaria básica.

Por otro lado, el presidente ha decidido responder al TPI con “más esfuerzos para alcanzar la paz y aquellos que han emitido una orden de arresto no están cualificados moralmente y no son objetivos para tomar estas decisiones y medidas, porque son responsables de la humillación y el saqueo de las riquezas de los pueblos. Quienes atacan Gaza con todo tipo de armas son los que deben ser llevados a la justicia, no nosotros”. La presidencia de la Unión Africana, que ejerce actualmente Al-Gadaaffi, ha considerado que existe una política de terrorismo contra los países débiles de manera que se interviene sobre su independencia, su soberanía y sus decisiones políticas. Palabras que chocan contra las peticiones de procesamiento de los gobiernos del Congo, Uganda y la República Centroaficana contra los señores de la guerra en sus respectivos países. Además, veinte Estados africanos se encuentran entre los promotores del TPI y más de treinta ratificaron su estatuto posteriormente.

Las fichas de este complicado puzzle están sobre la mesa. La idea fuerza resulta formalmente impecable. La posible persecución y condena por parte del TPI del responsable de crímenes de guerra y lesa humanidad en Sudán debe considerarse un avance contra la impunidad, y más, si el procesado es un presidente en activo. Las fronteras y la soberanía nacional dejan de ser espacios impunes para la justicia internacional. No obstante, una idea éticamente positiva puede transformarse en perversa cuando se supedita a las relaciones de poder. En este caso, se corrompe al ponerse al servicio del capital transnacional y de los países dominantes en la esfera internacional.

L’article complet aquí

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