C. J. Villarejo

ElPeriódico de Catalunya – 14 de noviembre de 2008

La Constitución aspira a garantizar “un orden econó-
mico y social justo”, característico del Estado social de derecho. Por ello, el reconocimiento de “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado” está sujeto a prescripciones constitucionales, como la función social de la propiedad privada, la subordinación de toda la riqueza del país al interés general, la estimulación de una más justa distribución de la riqueza y el compromiso de los poderes públicos de promover una efectiva igualdad de todos los ciudadanos; todo, con el fin de “promover el progreso … de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”.
En consecuencia, son necesarias medidas intervencionistas de todo orden, incluso en el ámbito penal, para proteger a los ciudadanos frente a la actividad abusiva y fraudulenta de los sujetos más relevantes de la actividad económica. Especialmente respecto del capitalismo financiero y el mercado de capitales, donde han sido tan tardías como manifiestamente insuficientes. Con los resultados que eran previsibles y que tanto parecen escandalizar a sus responsables. España, naturalmente, no podía escapar a esta crisis mundial porque tiene su cuota de responsabilidad.

VARIOS EJEMPLOS lo ilustran. Treinta años de democracia no han sido bastantes para aprobar la ley de responsabilidad social corporativa de las empresas, particularmente de las entidades de crédito. Los trabajos preparatorios del Congreso de los Diputados al respecto son esencialmente retóricos pero admiten, eso sí, que “se ha dejado atrás la concepción clásica según la cual únicamente los estados y los individuos pueden ser responsables de abusos de los derechos”.
En efecto, se han producido abusos empresariales y, por lo general, con una absoluta impunidad. Entre los años 1987 y 1989, el Banco Santander comercializó un producto conocido como “cesiones de la nuda propiedad de créditos”, dirigido a captar recursos financieros, uno de cuyos principales reclamos era su opacidad fiscal, por lo que se convirtió en un producto ideal para la inversión de capitales del llamado dinero negro. Así se generó un fraude fiscal de más de 80 millones de euros que determinó la incoación de un proceso penal. Hace un año, la Fiscalía General del Estado, el Gobierno y la Audiencia Nacional pactaron impedir la celebración del juicio oral contra el presidente de la entidad, otros ejecutivos y presuntos defraudadores, evitando así la eventualidad de una condena.

artículo completo en El Periódico

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