Quito, 18 de agosto del 2008

El representante de seguridad física de la empresa Repsol YPF impide la entrada al bloque 16 a Alexandra Almeida, miembro de Acción Ecológica que fue invitada por la Defensoría del Pueblo a realizar una inspección ocular al sitio donde se produjo un derrame de 4000 barriles de crudo en enero pasado. Existen otros antecedentes.

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En reiteradas ocasiones y por diferentes vías se ha denunciado la cesión de soberanía que implica el hecho de que la empresa española Repsol YPF, basándose en la vigencia de un contrato de explotación petrolera, tenga el control total de las 200.000 Ha. del bloque 16 a tal punto de que nadie pueda entrar o salir del bloque sin la autorización de la empresa. Este hecho otorga a la empresa impunidad para la ocurrencia de violaciones que afectan especialmente a la comunidad indígena Waorani. Con esta actitud, es de conocimiento público, solo lo que los voceros de la empresa desean comunicar.

El 1 de febrero del presente año Repsol dio a conocer a través del periódico El Universo con el título “Petrolera controla derrame en el Yasuni” que se produjo un “pequeño” derrame de 100 barriles de petróleo en el campo Amo, dentro del bloque 16, luego la prensa difundió que ese derrame había sido de aproximadamente 4000 barriles, que habría ocurrido muchos días antes, y que debido a que el 30 de enero un testigo tomó fotografías del derrame, Repsol se vio obligada a reportarlo. El mencionado testigo pasó la información a la Subsecretaria de Protección Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleo Lucy Ruiz, quien se dirigió inmediatamente al sitio del derrame pero se llevó la gran sorpresa de que los guardias de seguridad de Repsol no le dejaron entrar al bloque.

En agosto del 2004 una Comisión internacional ingreso por el Río Tiputini al bloque 16 con el objetivo de verificar los impactos socio ambientales de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuni, a pesar de contar con la autorización del Ministerio de Ambiente, del Jefe del Parque y de la organización Waorani, esta comisión fue expulsada del sitio por militares bajo órdenes de Repsol.

Esta actitud de la transnacional es particularmente grave si tomamos en cuenta que el bloque 16 está dentro de la Reserva de la Biosfera Yasuní, una parte esta dentro del Parque Nacional Yasuní y es territorio ancestral del Pueblo Indígena Waorani, es decir esta área que forma parte del patrimonio natural de todos los ecuatorianos y ecuatorianas esta bajo el total control de una empresa extranjera que realiza actividades hidrocarburíferas que como es de conocimiento público son sumamente contaminantes. Al impedir el acceso al bloque, todas las acciones destructivas que la empresa provoque no se las conoce ni se puede monitorear.

Después del derrame ocurrido en enero del 2008, la Comunidad Waorani de Dicaro, directamente afectada por este hecho presentó una denuncia en la Defensoría del Pueblo de Orellana quien realizó las inspecciones y peritajes correspondientes que confirmaron el daño provocado al frágil ecosistema y a la comunidad indígena. Esta instancia convocó a las partes a una audiencia que se suspendió porque el abogado que dijo representar a la Repsol no estaba legalmente acreditado para actuar en su nombre. Luego la Defensoría del Pueblo convocó a dos audiencias en el mes de abril y a ninguna de ellas se presentaron los representantes de la compañía por lo que el Comisionado la declara EN REBELDIA.

El caso es remitido a la Defensoría del Pueblo Nacional quienes organizan una inspección ocular al sitio del derrame para los días 13 y 14 de agosto, para lo cual solicitan la participación de un miembro de Acción Ecológica. El equipo conformado por tres miembros de la Defensoría del Pueblo Nacional, el Comisionado de la Defensoría de Orellana y la representante de Acción Ecológica, luego de obtener los permisos correspondientes de la Repsol intentan ingresar al bloque el día previsto cuando para sorpresa de todos el representante de seguridad física de la empresa comunica que sólo pueden ingresar los funcionarios de la Defensoría del Pueblo con su respectivo carnet. Se intentó explicarle de muchas formas que el equipo estaba formado con personas externas a la Defensoría pero fue inútil la decisión de la empresa era impedir que Acción Ecológica entre.

El presidente de la comunidad Waorani de Dicaro que estaba presente pidió al guardia de seguridad que le permita que la compañera entre como invitada de la comunidad, ante lo cual el guardia dijo que cuando la comunidad quiere traer invitados debe solicitarlo a la empresa por escrito indicando los nombres y números de cédula, luego esa solicitud va a Quito y si es aprobada allá les permiten ingresar.

Lamentablemente las autoridades de la Defensoría del Pueblo, más preocupados en no “perder el tiempo” para hacer la inspección, se doblegaron sumisamente ante las imposiciones humillantes de la transnacional e ingresaron sólos a la inspección, dejando afuera a su invitada a quien el mismo guardia incluso le puso trabas para pasarle al otro lado del río para que pueda salir de la zona, sólo después de que se le amenazó de acusarle de plagio porque no le dejaba ni entrar ni salir de ese lugar permitió que utilice “sus facilidades” y pueda salir.

Nos preguntamos qué está pasando en el Ecuador con el tema petrolero y con el tema de soberanía, cómo se permite que una empresa extranjera se tome las atribuciones que se toma Repsol, es que acaso debemos definitivamente restarle 200.000 hectáreas a las 256.370 Km2 de extensión del país o debemos pedir en el Consulado español la visa para ingresar al bloque |6?

Cómo se permite que esta empresa española impida el ingreso a TERRITORIO ECUATORIANO a ciudadanos ecuatorianos, a las autoridades del país y lo que es más grave a los invitados de los dueños ancestrales de esos territorios. Parece que ahora está clara la respuesta a la pregunta, que ante los requerimientos de la Comisión Internacional, el Subsecretario del Ministerio del Ambiente le hizo a su asesor en el año 2004 ¿Entregamos en concesión el bloque 16 a Repsol con todo e indios? Pues si, lo entregaron con todo, con todos sus recursos, con toda humillación y con toda indignidad.

Y para rematar, el actual gobierno, como premio acaba de firmar un nuevo contrato con Repsol ampliándole el tiempo de operación hasta el 2018. No ha importado las denuncias que existen respecto a los crímenes ambientales que la transnacional comete en el bloque 16, a la afectación cultural al Pueblo Waorani y a los Pueblos en aislamiento voluntario a los perjuicios económicos con la entrega ilegal de los campos Bogui Capiron y Tivacuno y la explotación de campos que generan un corte de aguas toxicas del 93% y que el nuevo tipo de contrato que se ha firmado, en el fondo no es beneficioso para el país.

Si aplicáramos a conciencia todos los artículos de la Nueva Constitución que habla de los derechos indígenas, de los derechos de la naturaleza, de los derechos ambientales, del derecho a la resistencia, y de la soberanía alimentaria, Repsol tendría que abandonar el país inmediatamente. Pero eso no va a ocurrir porque todo está sujeto a decisiones políticas omnipotentes.

¿A quien tenemos que acudir para que se haga justicia si Respsol se permite actuar de esta manera y la Defensoría del Pueblo no defiende?

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