La presencia de las empresas en la universidad es, desde la imposición de Bolonia, cada vez más evidente. La industria del armamento no es ajena a esto. Pese a que 13 universidades españolas ya tienen en sus estatutos disposiciones contrarias a la investigación militar, hay otros centros que no sólo siguen manteniendo vinculación con las empresas de armas, sino que la fomentan aún más. Las colaboraciones más significativas son las de Navantia con la Politécnica de Cartagena, y los de EADS con la Politécnica y la Carlos III de Madrid, además de la Universidad de Sevilla.

veure l’article complet a Diagonal

Las violaciones a los Derechos Humanos y los ataques e intimidaciones a las personas que participan en las luchas sociales es una constante en Guatemala que se produce ante la pasividad y con la complicidad, en muchos casos, de las fuerzas del Estado. Solamente en los ultimos meses ha ocurrido:

El asesinato el 27 de septiembre de Adolfo Ich, defensor de los desalojados ilegalmente por la Compañia Nacional de Niquel de Guatemala; el 12 de octubre el de Gilmer Orlando Boror Zet, dirigente comunitario de San Juan Sacatepéquez, participante en las acciones contra las cementeras; el 22 de octubre asesinan al dirigente campesino Roberto Castellanos Pineda, integrante de la Organización Campesina CODECA y el sábado 24 de octubre se comete el asesinato de Víctor Gálvez.

El asesinato de Víctor Gálvez, que recibió 32 impactos de bala, es especialmente grave por las circunstancias que concurren en su persona. Víctor Gálvez era un dirigente social que luchaba en contra de los abusos de la empresa DEOCSA-Unión FENOSA. Logró  unificar a los usuarios de energía eléctrica que estaban inconformes con el servicio de esta empresa en Malacatán y después organizar un bloque de oposición junto con dirigentes de otros municipios. Fue parte activa del FRENA (Frente en Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo), desde donde estaba denunciando a DEOCSA-Unión FENOSA por su política de aprovechamiento y explotación del recurso hídrico y los abusos en los contratos de suministro eléctrico en ese municipio.

Victor Gálvez ha sido asesinado por su actividad social y su lucha contra los abusos de DEOCSA. Hasta que no se esclarezca su asesinato, DEOCSA no puede quedar libre de la sospecha de ser parte activa o instigadora de su asesinato. La empresa DEOCSA, filial de Unión FENOSA, está controlada por la transnacional española Gas Natural.

El pasado 8 de julio de 2009, diversas organizaciones del Estado español hicieron entrega de una carta en la sede central de Gas Natural, ubicada en Barcelona, y también en las sedes valenciana y madrileña. La carta  recoge las denuncias formuladas por las organizaciones de Guatemala en torno a la actuación de Unión FENOSA e IBERDROLA en el país. A continuación se expone su contenido:

“1.- QUE dichas empresas obtuvieron del Gobierno del presidente Álvaro Arzú un trato de favor que implicó la privatización de la distribución de la energía eléctrica y la venta a Unión Fenosa e Iberdrola de los activos del Instituto Nacional de Electricidad (INDE), valorados en 250 millones US$, por solo 101 millones US$.

2.- QUE en 1999 y a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), dichas empresas empezaron a cobrar el impuesto conocido como VAD (Valor Agregado de Distribución), forma disimulada de justificar sus ganancias; y que por de dicho VAD, IBERDROLA cobra en concepto de ganancia alrededor de 140 millones US$ y Unión FENOSA cerca de 260 millones US$ anuales.

3.- QUE en noviembre del 2004, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala determinó que el VAD era ilegal y ordenó la destitución de los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, la devolución a todos los usuarios de los cobros ilegales que dichas empresas españolas habían recaudado, y la suspensión inmediata de los cobros ilegales. Y que de dichos mandatos, sólo el primero se ha cumplido, pues el dinero no se ha devuelto y el VAD se sigue cobrando.

4.- QUE cuando ha habido protestas de la población por estos cobros que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró ilegales, dichas empresas han solicitado y recibido plena colaboración de las autoridades públicas para reprimir a las organizaciones ciudadanas que cuestionan su presencia en el país (Malacatán, 25 de diciembre del 2008), con suspensión de las garantías constitucionales (San Juan Sacatepéquez, Izabal, Coatepeque y Huehuetenango).

5.- QUE Unión FENOSA ha abusado de las facultades que le confiere la Ley, inventándose multas, alterando lecturas de contadores y facturando cobros por servicios inexistentes.

6.- QUE ante la reacción popular en contra de su presencia, Unión FENOSA se ha tomado la libertad de adoptar represalias en contra de la población, como es cortar los servicios que debería prestar y dejar a municipios enteros sin energía eléctrica, con pérdidas que incluyen miles de vacunas destinadas a los niños (hospitales y centros de salud de varios municipios del departamento de San Marcos).

7.- QUE dicha empresa española ha acusado al Gobierno guatemalteco ante los tribunales internacionales, amparada en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y en el hecho de una de sus empresas asociadas (Teco Energy) tiene su sede en Miami, con el argumento de que el Gobierno guatemalteco pretende recortar sus beneficios.

Desde el momento de la entrega de la carta hasta hoy día, no nos consta respuesta alguna por parte de ninguno de los responsables de Gas Natural, sin embargo, durante este tiempo ha tenido lugar el asesinato de Víctor Gálvez. Confiamos en que el silencio de Gas Natural no sea un burdo intento por ocultar las prácticas abusivas e ilegales de sus filiales, de las que es responsable esta corporación, y recordamos que denuncias similares contra esta empresa ya se han producido en países como Nicaragua y Colombia.

Queremos recordar al gobierno del señor Zapatero que el profesor John Ruggie, Relator Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre derechos humanos, reclama que los gobiernos de los estados de origen de las empresas transnacionales (y Gas Natural es una empresa española) deben hacer que dichas empresas respeten los derechos humanos en todos los países en los que actúan, así como ser respetuosos y cumplir con la legislación de los diferentes países en los que tienen actividad.

Ante todo esto, PEDIMOS

• Al gobierno del señor Zapatero que cumpla con su obligación de hacer que las empresas multinacionales españolas respeten los Derechos Humanos y la legalidad vigente en todos los paises en que estan presentes; que actue ante el gobierno de Guatemala para que ponga la voluntad política y los medios suficientes para acabar con la situación de indefensión de los activistas sociales guatemaltecos; que se termine con la impunidad con la que actúan los asesinos al amparo de la ineficacia del aparato judicial en todo el país; y le pedimos en concreto que se investigue hasta el fondo el asesinato de Víctor Gálvez.

Instamos al gobierno de la Generalitat de Cataluña, por ser Gas Natural de origen catalán, a los diferentes partidos políticos, a diputados y eurodiputados a que tengan presente su obligación de vigilar que las actuaciones de las transnacionales cumplan con su responsabilidad social.

Al Punto Nacional de Contacto del Estado español de líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, para que anote dichos hechos en la Ir-Responsabilidad Social Corporativa de estas empresas transnacionales españolas. Y, por lo tanto, a los máximos representantes de Gas Natural (actuales propietarios de Unión FENOSA) y por ende, a los máximos representantes de LA CAIXA y REPSOL YPF, por ser los máximos accionistas y propietarios de Gas Natural.

Esperamos de todos Ustedes un posicionamiento claro de repulsa ante estos hechos y un plan de actuación de cada uno para acabar con la situación de impunidad con la que viene operando Unión FENOSA y otras empresas multinacionales españolas en América del Sur y América Central.

• A Gas Natural exigimos que no ponga ningún impedimento a esta investigación y de todas las facilidades que estén en su mano para que ésta llegue a su fin.

Reiteramos que cualquier actuación de las empresas transnacionales españolas ha de ser respetuosa con los derechos humanos, sociales y civiles de la población y ajustarse la legalidad.

Asimismo, queremos manifestar que nos solidarizamos con la denuncia de las organizaciones guatemaltecas y apoyamos sus reivindicaciones de que Unión FENOSA salga de Guatemala, pues consideramos que las políticas de estas transnacionales españolas son perjudiciales para la población guatemalteca, obedecen a una política de máxima ganancia a expensas de los derechos humanos y civiles más elementales, y para nosotros, por tanto, son inaceptables. A su vez, esperamos que se depuren responsabilidades en el caso del asesinato de Víctor Gálvez y los responsables sean juzgados.

Barcelona, 30 de noviembre de 2009

Anna Campeny Valls / Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala / c/ Vistalegre 15, bajos 08001 Barcelona /c/e: annabarna@telefonica.net

Txus  Blanco / Acsur-Las Segovias / Via Laietana, 45 esc. A 7º3ª 08003 Barcelona / c/e: centreamerica@acsur.org

Esther Díez /Associació Catalana per la Pau / Via Laietana, 45 esc. A 7º3ª 08003 Barcelona / c/e: brigades.acp@pangea.org

Jesús Carrión / Observatori del Deute en la Globalització / c/ Girona, 25 pral. 08004 Barcelona / c/e: jesus.carrion@odg.cat

LISTA DE ORGANIZACIONES FIRMANTES

Acsur Las Segovias

Acción por un Turismo Responsable

Associació Catalana de Brigadistes a Nicaragua

Associació Catalana per la Pau (ACP)

Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala AAPG

Associació Papers i Drets per a Tothom

Asociación Socialismo XXI

Col·lectiu Rets: Respostes a les empreses transnacionals

Comité de Solidaritat amb els Pobles Indígenes d’Amèrica Llatina

Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza

Comité Óscar Romero de Aragón

CGT de Catalunya

Confederación General del Trabajo de Lleida

Centre Delàs

Federació Intercomarcal de CGT de Ponent (Lleida)

Secretaria d’Acció Social de la CGT de Ponent

CO.BAS

Àmbit Cooperació Internacional – CCOO Catalunya

Colectivo Iquique de la Universidad de Zaragoza

Col·lectiu Maloka Colombia

Comunitat Palestina de Catalunya

Ecologistas en Acción

Ecuador Llactacaru

Educació per a l’Acció Crítica (EDPAC)

Enginyeria sense Fronteres

Entrepobles/Entrepueblos/Entrepobos/Herriarte

Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)

Farga (Fòrum Anticapitalista de Reflexió i Generació d’Alternatives)

Fundació Pau i Solidaritat – CCOO Catalunya

Grupo de Apoyo a la Central de Trabajadores de la Argentina de Barcelona

Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)

Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)

Izquierda Unida Federal

Izquierda Unida de Huesca

Justícia i Pau

Kusi Warma

No et mengis el món

Observatori del Deute en la Globalització (ODG)

Observatorio de las Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad (OMAL)

Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid

PSUC viu

Raíces Solidarias

Repsol Mata

SETEM

UGT de Catalunya

Fundació Josep Comaposada

Veterinaris Sense Fronteres

Xarxa de Consum Solidari

vilaweb – 4 de desembre de 2009

Avui fa vint-i-cinc anys, la població índia de Bhopal va patir l’accident químic més mortífer de la història. Una fuita no detectada a la central de pesticides de l’empresa nord-americana Union Carbide, en plena nit, va ser la causa de 20.000 morts. Un quart de segle més tard, 150.000 persones continuen afectades d’insuficiència respiratòria, ceguesa o càncer, i centenars d’infants neixen amb malformacions físiques i mentals. A més d’aquestes gravíssimes seqüeles, la majoria de víctimes arrosseguen un altre mal de la fuita del 3 de desembre de 1984: la companyia nord-americana, adquirida per Dow Chemical el 2001, no va haver de comparèixer davant la justícia índia i l’accident es va tancar amb un acord de compensació econòmica entre el govern federal indi (propietari del 49% de la fàbrica) i la firma, que en la majoria de casos no ha arribat als afectats i familiars. Els fets de Bhopal són un dels que més han fet treballar el grup d’activistes nord-americà The Yes Men, que des de fa més d’una dècada es dedica a denunciar algunes actuacions de grans multinacionals i organitzacions internacionals a través de la falsa identitat i la suplantació, fent-se passar per portaveus oficials davant els mitjans de comunicació o creant webs enganyoses.

En el cas de Bhopal, ‘els homes del sí’ van començar una persecució implacable contra els responsables de Union Carbide i Dow Chemical el 2002, quan van penjar una web falsa de Dow Chemical, amb textos comprometedors per a la firma química. L’acció, inspirada en la web falsa que havien fet el 2000 de l’Organització Mundial del Comerç, va tenir continuïtat el 2004 en ocasió del vintè aniversari de la fuita. Un membre del grup, Jude Finisterra, es va fer passar per portaveu de Dow Chemical i va assumir a les càmeres de la BBC (vídeo) tota la responsabilitat de l’accident de Bhopal i va anunciar indemnitzacions milionàries. El ressò de l’acció va ser molt important.

La fixació de The Yes Men perquè Union Carbide i Dow Chemical acceptin responsabilitats no es va aturar el 2004. Un any després, un altre ‘representant’ de Dow, Erastus Hamm, va anunciar en una conferència bancària a Londres l’anomenat Risc acceptable, un suposat estàndard de Dow per determinar quantes morts es poden assumir en canvi de grans beneficis econòmics (fotos i vídeos). I enguany, en el vint-i-cinquè aniversari de la catàstrofe, han llançat la B’eau Pal, una aigua única que porta els elements tòxics que, un quart de segle després, es creu que encara són presents a l’ambient de Bhopal.

A banda el cas de Bhopal, The Yes Men han practicat la seva ‘correcció d’identitat’ amb empreses com McDonalds, institucions com el United States Department of Housing and Urban Development i les petrolieres BP i ExxonMobil. Des de l’any passat, The Yes Men s’han especialitzat en una altra mena d’accions: l’edició de falsos diaris. El 12 de novembre de 2008 van publicar i van repartir en unes quantes ciutats dels EUA fins a 80.000 còpies d’un fals The New York Times que s’obria amb un espectacular titular: ‘S’ha acabat la guerra a l’Irac’. I el 21 de setembre passat, un dia abans d’una reunió preparatòria a Nova York de la Conferència sobre el Canvi Climàtic de Copenhaguen, es va repartir per la ciutat una ‘edició especial‘ de The New York Post.

Moltes de les accions i la filosofia del grup es recullen als films The Yes Men (2003) i The Yes Men fix the world (2009), i al llibre The Yes Men: The True Story of the End of the World Trade Organization.

Enllaç notícia sencera: http://www.vilaweb.cat/noticia/3663347/the-yes-men-deu-anys-rere-union-carbide.html

(Roma, 15 de noviembre del 2009) La Via Campesina esta aterrada de la arrogancia del sector privado y especialmente de Nestlé, al pretender ofrecer soluciones a la actual crisis alimentaria considerando que son las mismas transnacionales quienes han continuado a contribuir activamente a la creación de esta crisis.

Los comentarios del presidente de Nestlé durante la Conferencia del sector privado y de la FAO en Milan el pasado 12 de noviembre nos resultan particularmente chocantes dadas las conocidas campañas de Nestlé para fomentar la formula del consumo de leche para bebes en detrimento de la lactancia materna en los paises en desarrollo.

Muchas transnacionales han aumentado sus beneficios durante la crisis alimentaria y han jugado un rol principal al incrementar el hambre en el mundo mediante la toma de control sobre el sistema alimentario y los recursos productivos como la tierra y el agua, excluyendo a campesinos y campesinas de la misma producción alimentaria.

Estos actores privados han presionado por cambiar los modelos agricolas de producción, forzando a modos productivos intensivos e introduciendo tecnologias y politicas como los agrocombustibles, los transgénicos y la liberalización del comercio con el único interes de incrementar sus beneficios. Las deslumbrantes fallas de estas estrategias corporativas de las transnacionales frente al sistema alimentario son evidentes dadas las estadisticas que demuestran el constante aumento en las cifras de las personas que sufren de hambre en el mundo.

Sobre el tema de transgenicos, Javier Sánchez, representante del sindicato campesino COAG (miembro de la Vía Campesina), declaró: “Existe un consenso global entre campesinos y consumidores sobre las tecnologias de OGMs que permiten a las multinacionales tomar el control sobre las semillas negando a los agricultores la posibilidad de guardar sus propias semillas. Campesinos y campesinas pierden el derecho a producir alimentos libres de modificaciones geneticas mientras que los consumidores pierden el derecho de alimentarse al mismo tiempo con productos sin transgenicos. Este es un claro ejemplo de como la privatizacion de los recursos naturales va en contra de los intereses comunes. Los consumidores en Europa, con razón, estan rechazando este tipo de tecnologias”.

Henry Saragih, coordinador general de La Vía Campesina observa que en su pais natal, Indonesia, Nestlé ha contribuido directamente al empobrecimiento del campesinado y al fomento de la malnutricion particularmente entre los bebes, a traves del control de la produccion y del sistema de precios dentro del sector lechero.

Durante el Foro “Soberania Alimentaria Ya”, paralelo al Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria en Roma, las Organizaciones de la Sociedad Civil estan proponiendo las soluciones reales de la soberania alimentaria.

Más información en www.viacampesina.org

Bruselas (Bélgica), 18 nov (EFE).- Representantes de diversas asociaciones latinoamericanas denunciaron hoy en Bruselas la “impunidad” con la que multinacionales europeas -entre las que mencionaron a las españolas Repsol, Pescanova o Unión Fenosa- “explotan” los recursos de la zona y “violan sistemáticamente los derechos humanos”.

VIDEO: ONG’s denuncian explotación de las multinacionales (Reporte de Agencia EFE)
http://www.semana.com/multimedia-mundo/ongs-denuncian-explotacion-multinacionales/2720.aspx

Protestan por TLC de la Unión Europea con Perú y Colombia manifestantes en Bruselas, Bélgica
Viernes 20 de noviembre de 2009
Portafolio.com.co
http://www.portafolio.com.co/internacional/vecinos/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-6620392.html

Miércoles, 18 de Noviembre de 2009
http://cl.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200911182346_AFP_78559603&idtel=

El Periodico de Mexico
Viernes 20 de noviembre del 2009
http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=315949

El dissabte 21 pel matí al mercat de Sant Antoni de Barcelona, la Campanya “Supermercats, no gràcies!” va organitzar un tast de crema de verdures ecològiques per recordar les enormes injustícies que viu la pagesia a causa de les presions de les grans cadenes de distribució.

Amb aquest tipus d’acció, la campanya fa una crida als consumidors i les consumidores a solidaritzar-se amb els més de 100.000 agricultors i agricultores que s’han mobilitzat els darrers dies arreu de l’Estat espanyol per exigir que es prenguin mesures urgents davant el descens imparable dels preus que les empreses de distribució els paguen per la seva producción.

La campanya “Supermercats, no gràcies!” recorda que, quan comprem al supermercat, el preu de les fruites i verdures es múltiplica per més de 5 del camp a la taula i que, arruinant a la pagesia, les empreses de distribució com Mercadona, Carrefour, Eroski o Hipercor, entre d’altres, contribueixen a la destrucció d’una manera de viure i d’alimentar-nos justa i sostenible.

Fotos de l’activitat aquí

Público, 20 de noviembre de 2009

Erika González
Observatorio de Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad (OMAL)
Jesús Carrión
Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos organizó recientemente una consulta pública en Ginebra (Suiza) sobre el marco de actuación para transnacionales y derechos humanos –“Proteger, respetar, remediar”– impulsado por John G. Ruggie, representante especial del secretario general para derechos humanos y multinacionales. En este ámbito, algunas organizaciones y redes sociales pusieron sobre la mesa el debate sobre la necesidad de unas normas de obligado cumplimiento para las multinacionales en materia de derechos humanos. Aunque este debate tuvo su origen en la década de los setenta –cuando se intentó aprobar un código vinculante de normas para las multinacionales en la ONU–, desapareció durante la década de los ochenta y noventa cuando las propias Naciones Unidas decidieron impulsar exclusivamente los códigos de conducta voluntarios, como el Global Compact.

Las voces que reclaman hoy volver a incorporar en el debate la regulación obligatoria para las transnacionales fundamentan su propuesta en que las quejas de afectados y afectadas por los impactos sociales, económicos, culturales y ambientales de estas compañías no ha parado de crecer. De hecho, las denuncias están cobrando cada vez mayor relevancia social y son más difíciles de ignorar y ocultar. Es en este contexto en el que se debe situar el plan de Ruggie, que, ya en su análisis inicial, alberga multitud de contradicciones. Por ejemplo, la postura de Ruggie reconoce que no se puede dejar en manos del mercado y de la voluntariedad de las empresas el respeto de los derechos humanos, pero, a su vez, no cuestiona el Global Compact, sino que más bien lo respalda.

El marco propuesto promueve el deber estatal de proteger a las víctimas, la obligación empresarial de respetar los derechos humanos y la mejora del acceso efecfue planteada recientemente por dos relatores de Naciones Unidas, si bien la propuesta estaba enmarcada en un proyecto que no pertenece a la ONU llamado Iniciativa de Suiza. En cualquier caso, las tres medidas citadas han sido desechadas por Ruggie argumentando que la falta de recursos económicos y la aprobación de un Tratado por una mayoría de naciones retrasarían décadas su realización. Dicho argumento contrasta enormemente con la rapidez con la que el G-20 se puso de acuerdo y aprobó un presupuesto de más de un billón de dólares para salir al rescate de la banca en plena crisis financiera.

Para concluir, el marco “Proteger, respetar, remediar” presentado por Ruggie traspasa la responsabilidad sobre el control de las transnacionales a los Estados sin concretar códigos, organismos, ni cortes internacionales en las que se puedan denunciar dichos delitos. Parece que, como en otras muchas ocasiones, las palabras se las llevará el viento. Mientras tanto, y siendo conscientes de que las soluciones no son sencillas, las víctimas, las organizaciones sociales, sindicales, ambientales, etc. van a seguir trabajando para poner en la agenda social estos debates. Y fortalecer así la presión social que obligue a los gobiernos de origen de las compañías y a las Naciones Unidas a tener la voluntad política necesaria para hacer respetar los derechos humanos a las transnacionales en cualquier parte del mundo.

El marco propuesto promueve el deber estatal de proteger a las víctimas, la obligación empresarial de respetar los derechos humanos y la mejora del acceso efectivo a mecanismos de reparación de las víctimas. De estos tres ejes, en la citada consulta, Ruggie puso la mayor parte de la responsabilidad en los gobiernos nacionales. Las organizaciones sociales ven en esta postura un aspecto positivo y numerosos interrogantes. El positivo es que recoge parte de las demandas de movimientos sociales que denuncian la falta de coherencia de gobiernos, como el español, que promocionan los derechos humanos pero luego, en sus políticas económicas, firman acuerdos bilaterales y comerciales cuyas condiciones favorecen a las multinacionales españolas, mientras vulneran los derechos humanos de las poblaciones receptoras. El relator también encomió a los gobiernos donde se ubican las centrales de dichas transnacionales a la aplicación del principio de la extraterritorialidad para hacer que dichas corporaciones respeten los derechos humanos en terceros países donde actúan.

Ahora bien, detrás de estos planteamientos se encuentran múltiples interrogantes. El primero de todos tiene que ver con la crisis de representatividad que tiene hoy la ONU para resolver cualquier conflicto. Por otra parte, es altamente cuestionable dejar el control sobre las multinacionales en manos de gobiernos que comparten intereses con estas corporaciones y cuyas políticas están subordinadas a acuerdos internacionales de libre comercio. ¿Es real que los gobiernos de Nigeria, Sudán, Colombia o Filipinas prioricen los derechos humanos frente a los derechos de las transnacionales? Pero aún hay más: si hasta ahora las iniciativas de crear normativas obligatorias sobre derechos humanos para las transnacionales en la ONU no han prosperado es porque han contado con la oposición frontal de los gobiernos de origen, que protegen de forma incondicional los intereses de sus transnacionales.

Con el fin de aportar a este debate, Enlazando Alternativas (red birregional Europa-América Latina) y el Tribunal Permanente de los Pueblos, que llevan años en el seguimiento y denuncia de los impactos de las multinacionales, proponen la creación de un código normativo internacional que delimite las responsabilidades legales de las compañías multinacionales. Además, plantean que se debería conformar un centro independiente para el seguimiento de las denuncias de sus impactos e insisten en la necesidad de una Corte Internacional que pueda juzgar a las empresas transnacionales por sus delitos. La idoneidad de una Corte Internacional sobre derechos humanos que pueda juzgar a las multinacionales también fue planteada recientemente por dos relatores de Naciones Unidas, si bien la propuesta estaba enmarcada en un proyecto que no pertenece a la ONU llamado Iniciativa de Suiza. En cualquier caso, las tres medidas citadas han sido desechadas por Ruggie argumentando que la falta de recursos económicos y la aprobación de un Tratado por una mayoría de naciones retrasarían décadas su realización. Dicho argumento contrasta enormemente con la rapidez con la que el G-20 se puso de acuerdo y aprobó un presupuesto de más de un billón de dólares para salir al rescate de la banca en plena crisis financiera.

Para concluir, el marco “Proteger, respetar, remediar” presentado por Ruggie traspasa la responsabilidad sobre el control de las transnacionales a los Estados sin concretar códigos, organismos, ni cortes internacionales en las que se puedan denunciar dichos delitos. Parece que, como en otras muchas ocasiones, las palabras se las llevará el viento. Mientras tanto, y siendo conscientes de que las soluciones no son sencillas, las víctimas, las organizaciones sociales, sindicales, ambientales, etc. van a seguir trabajando para poner en la agenda social estos debates. Y fortalecer así la presión social que obligue a los gobiernos de origen de las compañías y a las Naciones Unidas a tener la voluntad política necesaria para hacer respetar los derechos humanos a las transnacionales en cualquier parte del mundo.

Per a la presentació:

Comptarem amb la presència de Marco Arana, fundador de GRUFIDES i principal objectiu d’aquesta trama, que compartirà la seva experiència després de la projecció de la pel·lícula. A més ens acompanyen; Stephanie Boyd (productora-directora) i Patrica Vermelles (GRUFIDES). És per això que agraïm el vostre interès i ens encantaria comptar amb la vostra presència.

Sinopsi:

Al mes de desembre de 2006 es denunciava la denominada “Operación Diablo”, realitzada per l’empresa de seguretat privada C&G en aparent coordinació amb l’empresa FORZA, que presta serveis de seguretat a Minera Yanacocha.

L’operatiu d’espionatge va ser realitzat contra líders ambientalistes i tres sacerdots catòlics de Cajamarca que vénen qüestionant la contaminació i els impactes socials negatius de les activitats de la Minera Yanacocha. Durant quatre mesos, líders socials de Cajamarca, funcionaris de la institució GRUFIDES, van ser seguits de manera permanent, rebent inclusivament, via telefònica, amenaces de mort

Es va seguir el Pare Marc Arana, fundador de Grufides, en aquest documental de suspens polític i misteri en un territori dominat per la corporació aurífera més gran d’Amèrica del Sud. Aquest real i esgarrifós relat exposa la nova onada de persecució enfrontada pels defensors de drets humans a Llatinoamèrica i que, a més, respon a un patró comú d’actuació al Perú.

Els resultats d’una investigació en relació amb empreses de seguretat privades mostren que aquestes vénen utilitzant informació provinent d’agents d’intel·ligència de la Marina de Guerra del Perú i la Policia Nacional del Perú. Aquests informes d’intel·ligència s’estarien venent, entre d’altres, a empreses mineres i d’hidrocarburs.

I si vols veure el Programa complert de la gira d’Operación Diablo fes clic aquí. [pdf en castellà]

Dissabte 31 d’octubre 17h

Plaça Universitat (Barcelona)

Manifestació central contra el canvi climàtic organitzada per la campanya El Clima no està en venda en motiu de la celebració de la conferència internacional de l’ONU del 2 al 6 de novembre a Barcelona, la última reunió internacional abans de la Cimera Mundial del Clima de Copenhaguen on s’ha de revisar el protocol de Kyoto. Manifest de la campanya.

Agenda completa d’activitats i + info: http://elclimanoestaenvenda.wordpress.com