El Tribunal Penal Internacional. ¿Justicia universal en Sudán?

Juan Hernández Zubizarreta

Martes 24 de marzo de 2009, por Revista Pueblos

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha dictado una orden de detención contra un presidente en activo, el sudanés Omar al Bashir. Se le acusa de cinco cargos de lesa humanidad (asesinato, deportación forzosa, violación, tortura y exterminio) y dos por crímenes de guerra (ataques directos e intencionados y saqueos contra la población civil). Desde el 2003 son más de 300.000 los muertos, otros tantos refugiados y refugiadas en Chad y República Centroafricana y cerca de tres millones de desplazados. El TPI suma esta orden de detención a las de arresto, de mayo de 2007, contra Ahmed Haroun (ex ministro de interior) y Ali Kusha, supuesto líder de la milicia janjaweed aliada del gobierno de Jartum.

Para organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional y Human Rigth Watch, la decisión ha sido de vital importancia en la lucha contra la impunidad. Es más, abogan por la detención del político sudanés, ya que la justicia no se puede negociar. A su vez, son ya más de diez organizaciones presentes en Sudán que han sido expulsadas por el gobierno en represalia a la orden de detención. Miles de personas quedarán sin la ayuda humanitaria básica.

Por otro lado, el presidente ha decidido responder al TPI con “más esfuerzos para alcanzar la paz y aquellos que han emitido una orden de arresto no están cualificados moralmente y no son objetivos para tomar estas decisiones y medidas, porque son responsables de la humillación y el saqueo de las riquezas de los pueblos. Quienes atacan Gaza con todo tipo de armas son los que deben ser llevados a la justicia, no nosotros”. La presidencia de la Unión Africana, que ejerce actualmente Al-Gadaaffi, ha considerado que existe una política de terrorismo contra los países débiles de manera que se interviene sobre su independencia, su soberanía y sus decisiones políticas. Palabras que chocan contra las peticiones de procesamiento de los gobiernos del Congo, Uganda y la República Centroaficana contra los señores de la guerra en sus respectivos países. Además, veinte Estados africanos se encuentran entre los promotores del TPI y más de treinta ratificaron su estatuto posteriormente.

Las fichas de este complicado puzzle están sobre la mesa. La idea fuerza resulta formalmente impecable. La posible persecución y condena por parte del TPI del responsable de crímenes de guerra y lesa humanidad en Sudán debe considerarse un avance contra la impunidad, y más, si el procesado es un presidente en activo. Las fronteras y la soberanía nacional dejan de ser espacios impunes para la justicia internacional. No obstante, una idea éticamente positiva puede transformarse en perversa cuando se supedita a las relaciones de poder. En este caso, se corrompe al ponerse al servicio del capital transnacional y de los países dominantes en la esfera internacional.

L’article complet aquí

Conferència “Les polítiques comercials europees, o com fer que l’Àfrica pagui la nostra crisi”

“El més important és assolir un canvi en la balança de poder entre els països més desenvolupats i els països en desenvolupament, perquè els primers no canviaran les seves polítiques voluntàriament, sinó gràcies a la pressió que s’exerceixi sobre ells. (…) La nova Europa neoliberal, l’Europa global, és molt contundent a l’hora de defensar els seus interessos. A més, aquesta Europa global té una actitud cada vegada més agressiva amb els països del Sud. (…) Europa li deu a Àfrica, no hi ha discussió possible. (…) No sóc pessimista pel que fa a Àfrica, sóc pessimista pel que fa a Europa.” Dot Keet, en una entrevista a la Revista Pueblos.

- Intervindran:

Dot Keet, investigadora i activista del Transnational Institute (Amsterdam) i Alternative Information and Development Center, professora de política econòmica a diverses universitats d’Àfrica del Sud. Autora de diverses publicacions sobre els EPA (Acords d’Associació Econòmica).

Jordi Pons, director de SETEM Catalunya.

Moderarà: Eulàlia Reguant, responsable de campanyes de Justícia i Pau.

- Data: dimarts 31 de març de 2009
- Hora: 18:30 h
- Lloc: CCCB (Centre de Cultura Contemporània, aula-1) C. Montalegre, 5. Barcelona.
- Idioma: anglès (traducció simultània)

- Organitzen:

Zara: precariedad, import-export

30 de marzo de 2009
Albert Sales i Campos
Coordinandor de la Campaña Ropa Limpia, SETEM Catalunya
Profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universitat Pompeu Fabra.

Del 17 al 21 de marzo, en el Paseo de Gracia de Barcelona, delante de una tienda Zara, un grupo de trabajadores y trabajadoras protestaban por la quiebra de la empresa para la que trabajaban hasta unas semanas atrás. EMS SA empleaba a 126 personas y la mayor parte de su negocio consistía en amueblar y condicionar las tiendas del gigante de la moda española, Inditex. Sin duda, apostar por un cliente, por grande que sea, no es una estrategia que aporte seguridad a una pyme, y las personas que se manifestaban ante Zara culpan de su situación, en primera instancia, al propietario y gerente de su centro de trabajo. Pero también expresaban su rabia e impotencia al leer en los periódicos que el propietario de Inditex, Amancio Ortega, posee la mayor fortuna de España y está en el selecto grupo de las diez fortunas más importantes del mundo.

El cese de los pedidos por parte de Inditex obedece básicamente a la disponibilidad de mano de obra más competitiva en otros lugares. La empresa actúa con su proveedor de mobiliario igual que con sus proveedores de ropa. Se buscan fábricas y talleres situados en países con mercados laborales más “competitivos” que abandonarán sin ningún escrúpulo cuando encuentren lugares más rentables o personas dispuestas a trabajar más por menos. Los cierres de empresas textiles ha sido una constante en el estado español en las últimas décadas y, en muchas ocasiones, su producción se ha trasladado a Marruecos. En los últimos meses, entre las trabajadoras de Tánger circulan rumores acerca de los cierres que se avecinan y del posible traslado de producción de grandes firmas de moda a China. Ante la inseguridad generada, ¿Quién va a exigir mejoras laborales? ¿Quién se enfrentará a su empleador pidiendo que se pague el salario mínimo o negándose a realizar horas extra forzadas? Las trabajadoras que se atreven a hablar de sindicación y de derechos laborales son reprendidas por patrones y compañeras: “¿Qué es lo que buscas? ¿Que no nos lleguen encargos?”

Las grandes corporaciones transnacionales pueden no ser la mano ejecutora de los despidos y quiebras pero el sistema neoliberal las ha dotado de todos los medios imaginables para disponer de los trabajadores y las trabajadoras según sus intereses. Las reglas del comercio y de las finanzas internacionales permiten a los más grandes repercutir los riesgos de sus negocios a eslabones más débiles de la cadena de producción. Para abandonar un proveedor no es necesario un expediente de regulación de empleo y se atribuir su cierre a la mala gestión o a la crisis sin dar mayores explicaciones a los actores sociales. Mientras la crisis lleva a las empresas proveedoras a la quiebra, los beneficios de Inditex en el ejercicio de 2008 alcanzaron los 1.253 millones de euros, que suponen un crecimiento del 0,24%. Y no es la única empresa del sector que esta “sorteando” con éxito la crisis. Nike, otro gigante, acumuló 391 millones de dólares de beneficios sólo durante el último trimestre de 2008.

En respuesta a las críticas surgen las “buenas prácticas en responsabilidad social empresarial” pero la autorregulación de los gigantes corporativos no va a poner a la economía al servicio de las personas. Las medidas voluntarias de responsabilidad social tienen como objetivo último preservar el entorno favorable de las últimas décadas y evitar que se impongan límites a las omnipotentes empresas transnacionales a base de realizar algunas concesiones que puedan servir además para presentarse como empresas comprometidas con el medio ambiente y con la sociedad.

Que las empresas transnacionales españolas triunfen en la economía global no beneficia en absoluto a los trabajadores y las trabajadoras del país. A los ganadores del sistema les importa poco el bien común de países, naciones o comunidades. Ni en su país de origen, ni en los países donde trabajan tienen como misión generar puestos de trabajo estables, ni fortalecer las redes de pequeñas empresas, ni reforzar los mercados locales, ni hacer respetar los derechos laborales y humanos más básicos. Su misión es el generar dinero y crecer, y las personas constituyen una de las materias primas necesarias para ello.

Repressió al Brasil davant protestes per preses finançades pel Banc Santander

El 13 de març la policia federal de Porto Velho (Brasil) va reprimir amb gasos lacrimògens una manifestació pacífica dels afectats pel complex Rio Madeira. Els manifestants protestaven per la construcció de les megapreses hidroelèctriques que tindran greus conseqüències socials en la població local i un devastador impacte mediambiental en l’Amazonia brasilera-boliviana i en el finançament de les quals hi participa el Banc Santander

(La Paz, Riberalta, Madrid, Barcelona, 18/3/09).- El 13 de març, en la vigília del Dia Internacional contra les preses i pels Rius, l’Aigua i la Vida, va tenir lloc en la ciutat brasilera de Porto Velho una marxa pacífica protagonitzada pels afectats per les preses del Rio Madeira. Dones i homes de totes les edats van recórrer 5 Km fins arribar a l’INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) on van reclamar els seus drets. En aquell punt, la marxa pacífica va ser durament reprimida per la policia federal que va detenir a 6 manifestants de nacionalitat boliviana. La policia va comptar amb l’ajut del personal de seguretat d’Odebrecht, empresa constructora i una de les principals beneficiàries del projecte, mostrant als assistents la defensa conjunta entre govern i empresa del model de creixement econòmic per al país. Diverses persones del país veí es van desplaçar a Porto Velho per tenir evidències que les preses brasileres també tindran efectes al costat bolivià de la frontera. Entre els sis detinguts, i deportats la mateixa nit, es troba Manuel Lima, castanyer, ex Secretari Executiu de la Federación de Campesinos de Pando i actual president i coordinador del Foro Boliviano por el Medio Ambiente y el Desarrollo (FOBOMADE) en aquell mateix departament. Aquest lluitador social va presentar fa un any un recurs contra el govern de Brasil davant de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conjuntament amb la Central Indígena del Oriente Boliviano. També va ser deportada Doris Domínguez, Executiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa i lluitadora del Movimiento Social en Defensa de la Cuenca del Río Madeira que reuneix a les organitzacions socials amazòniques de Bolívia amb el Moviment d’Afectats per Preses (MAB) i el Moviment dels Sense Terra (MST) al Brasil.

CONTEXT DEL COMPLEX RIO MADEIRA

El Complex Rio Madeira projecta la construcció de 4 preses hidroelèctriques (2 en territori brasiler, 1 en territori bolivià i una en aigües binacionals) dotades de comportes, fent navegables els rius Madeira, Madre de Dios i Beni. Aquesta hidrovia de 4200 Km permetrà completar la navegació de grans embarcacions des de la desembocadura del Riu Amazonas a l’Oceà Atlàntic fins al Pacífic de Perú, creuant a través de territori bolivià. A dia d’avui ja han començat les obres de les 2 centrals en territori brasiler, Santo Antonio i Jirau, amb capacitat de generació de 3.150 MW i 3.300 MW respectivament. El dia anterior a la marxa contrària a la seva construcció, el president Lula va sobrevolar les obres reafirmant la postura del govern i ignorant a les famílies afectades. La construcció de la represa de Santo Antonio està a càrrec del consorci MESA format per les constructores Odebrecht i Furnas i un fons d’inversió creat pel Banc Santander i BANIF Portugal. Ja en diverses ocasions organitzacions com el MAB, SETEM o l’ODG van advertir a l’entitat financera espanyola, i als seus accionistes, dels estralls que provocaria la construcció de preses de tal magnitud.

Entre els greus impactes socials i ambientals que implica la implementació d’aquestes megainfrastructures , destaquen: la inundació d’una de les zones amb més gran biodiversitat d’Amèrica del Sud, la destrucció de territori indígenes i camperols tant a Bolívia com al Brasil i el consegüent desplaçament de milers de persones, els impactes sobre la pesca, que permet la supervivència dels pobladors, i finalment l’augment de malalties endèmiques com la malària o el dengue, degut a l’estancament d’aigües que implicaran les preses.
MOBILITZACIÓ I PETICIONS DE LES ORGANITZACIONS SOCIALS

Les organitzacions signants consideren inaccpetable:

* Que en el context de l’actual crisi mediambiental global que viu el nostre planeta se segueixin construint megapreses de les característiques del Complex Rio Madeira, donat que les emissions de gasos d’efecte hivernacle generades per les preses constitueixen el 7% de l’impacte total de l’escalfament global.
* Que en l’actual context de crisi financera, bancs privats com el Banc Santander segueixin invertint de forma social i ambientalment irresponsable.

Per aquests motius, aquestes organitzacions sol·liciten:

* Que el Govern de Brasil detingui les obres de les centrals de Jirau i Santo Antonio, al mateix temps que posa en marxa un veritable procés de diàleg amb les organitzacions camperoles, indígenes i d’afectats pel projecte, així com altres membres i moviments de la societat civil, de Brasil i Bolívia, per plantejar i discutir alternatives al model energètic que s’està promovent en la regió amazònica amb irreversibles impactes mediambientals i socials.
* Que el Govern de Brasil deixi de reprimir a la població civil que lluita pels Drets humans i pel Dret a un Medi Ambient saludable.
* Que el Banc Santander faci pública la informació de l’estudi que porta actualment a terme sobre l’impacte mediambiental i social de la represa de Santo Antonio al Rio Madeira i el seu consegüent abandonament del finançament del projecte.

ORGANIZACIONES SIGNANTS:

* BRASIL: Movimient de les Persones Afectades per Preses (MAB, sigles en portuguès)
* BOLIVIA: Fundación Red Nacional de Acción Ecológica – RENACE (Bolivia), Centro de Servicios Agropecuarios y Socio-Comunitarios – CESA, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado-CIPCA
* ESTAT ESPANYOL: Ecologistas en acción, Edpac (Educació per a l’Acció Crítica), Observatorio de Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad, Amigos de la Tierra, Entrepobles, SETEM, Veterinaris Sense Fronteres i Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització.

Tortillas transgénicas

Ana de Ita

Directora de Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)

El pasado viernes 6 de marzo, a partir de un decreto presidencial, firmado además por las secretarías de Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Educación y Salud, quedó sin efecto la moratoria de facto establecida por científicos mexicanos, que durante 10 años prohibió en México la siembra experimental y comercial de maíz transgénico, por ser país centro de origen, diversidad y domesticación.

La siembra experimental que se permite a partir de este decreto no pretende comprobar alguna hipótesis o reportar algún hallazgo científico, sino es únicamente el trámite requerido para que en un plazo de uno o dos años se generalice la siembra comercial de maíz transgénico en México. Lo que ningún experimento cambiará es la biología del maíz, que al ser un cultivo de polinización abierta hace imposible la coexistencia de variedades transgénicas y variedades no transgénicas, ya que las primeras inevitablemente contaminarán al resto. De ahí que el decreto se impone sin resolver el problema que fundamentaba la moratoria: la contaminación transgénica del maíz nativo, reconocida por el gobierno mexicano desde 2001.

A partir de ahora y en cuenta descendente el maíz transgénico se esparcirá como pandemia a los campos del principal cultivo y alimento básico de México. Monsanto ha declarado que a ellos les interesa avanzar en los cultivos comerciales del norte del país, principalmente en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, que producen maíz con métodos industriales. Los productores de estos estados, sembrando con semillas mejoradas e híbridas convencionales y un paquete tecnológico con muy alto contenido de insumos químicos, capital, mecanización y riego, están logrando rendimientos muy altos, cerca de 20 toneladas por hectárea, que difícilmente los transgénicos podrán superar.

Sin embargo, ya que el mercado de semillas en México está controlado por las corporaciones que producen los híbridos convencionales, pero también los transgénicos, dependerá de su oferta que los productores puedan escoger sembrar maíz convencional.

El año pasado, la contaminación en Chihuahua demostró que la variedad 7525, que distribuye la empresa Producers Hybrids como híbrido convencional -pues hasta hoy está prohibida la venta comercial de semillas transgénicas de maíz- en realidad contenía variedades genéticamente modificadas de Monsanto.

Más temprano que tarde, los productores industriales de maíz correrán la suerte de los productores de Estados Unidos: aunque quieran no conseguirán sembrar variedades de maíz no transgénicas. Los agricultores comerciales en la mira de las corporaciones son quienes proveen la mayor parte del volumen de maíz que entra al mercado para consumo humano y que hasta ahora no es transgénico (12 millones de toneladas).

Y aunque se importa alrededor de 11 millones de toneladas anuales de maíz amarillo provenientes de Estados Unidos, donde 80 por ciento de las siembras son transgénicas, este maíz se utiliza sobre todo -aunque no exclusivamente- para la alimentación del ganado.

La agricultura campesina produce cerca de 8 millones de toneladas de maíz con mucho menos insumos químicos y utilizando variedades de semillas nativas o criollas, pero participa marginalmente en el mercado, pues destina al autoconsumo gran parte de su producción. Los campesinos son quienes conservan la gran diversidad de razas y variedades de maíz que existen en el país. Aunque parecerían no ser del interés de las corporaciones, pues sus condiciones de producción les impiden el uso de un paquete tecnológico homogéneo y no existen las variedades de semillas comerciales que puedan adaptarse a tan diversas condiciones ecológicas, los programas del gobierno se empeñan en incorporarlos a la agricultura industrial, promoviendo el uso de paquetes tecnológicos que incluyen variedades homogéneas de semillas, como el actual programa de apoyo a productores de maíz y frijol (Promaf).

Desde 2002 y hasta la fecha, los diagnósticos participativos de la presencia de transgenes en las milpas campesinas, elaborados por la red En Defensa del Maíz, registraron contaminación transgénica en regiones campesinas muy apartadas de las zonas de agricultura industrial. La apertura de la siembra de maíz transgénico en México indudablemente expandirá la contaminación a las variedades nativas y criollas de maíz.

La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, en el informe Maíz y biodiversidad: efectos del maíz transgénico en México, 2004, recomendó hacer una evaluación profunda de los impactos en la salud, debido al alto consumo de maíz por la población mexicana (229 kilogramos anuales por persona en promedio), muy superior al de los países desarrollados.

El decreto presidencial del 6 de marzo nos impone en el corto plazo la obligación de comer tortillas transgénicas, pues no existirá otro tipo de maíz, a menos que como sociedad impidamos este desastre.

Un informe revela los negocios poco escrupulosos de la banca

El periódico. 13/03/2009

Los grandes bancos europeos, como Barclays, HSBC, BNP Paribas, Deutsche, Credit Lyonnais, Citibank, Fortis y Santander, colaboran y aportan facilidades financieras a los regímenes corruptos de África y Asia, contribuyendo al empobrecimiento de sus poblaciones, según detalla el minucioso informe Indebida Diligencia, elaborado por la respetada organización no gubernamental británica Global Witness.

El informe explica cómo ingresos públicos procedentes de los recursos naturales de diferentes países han sido desviados para el uso privado de políticos corruptos con la colaboración de las grandes entidades financieras.
Santander, Barclays y HSBC están involucrados en el caso de Guinea Ecuatorial al amparar el desvío a cuentas privadas de la familia Obiang de fondos procedentes del petróleo, según el informe. Citibank y Fortis respaldaron financieramente al expresidente de Liberia Charles Taylor, procesado por crímenes de guerra, y contribuyeron a alimentar la brutal guerra que desangró el país, añade el informe.

Deutsche Bank gestionó durante 15 años los fondos del banco central de Turkmenistan a pesar de que el dinero se mantenía fuera del presupuesto nacional y se encontraba bajo el control personal del cruel dictador Saparmurat Niyazov.

BNP Paribas, Credit Lyonnais, Commmerzbank, KBC, Royal Bank of Scontland, entre otros, han concedido desde el 2003 créditos por miles de millones para financiar al régimen angoleño y a sus dirigentes, respaldados por los futuros ingresos petrolíferos de la empresa estatal Sonangol. Global Witness pide que se aproveche la reforma del sistema financiero internacional para imponer más transparencia.

Enlace al informe de Global Witness